Un juez ordenó la suspensión provisional del proceso de contratación PSA-UNP-054-2026, mediante el cual la Unidad Nacional de Protección (UNP) buscaba contratar servicios de escoltas por un valor superior a los 78.000 millones de pesos.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, luego de las alertas planteadas por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien manifestó su preocupación por la adjudicación del contrato antes del inicio del nuevo Gobierno.
De acuerdo con el mandatario electo, la contratación podría tener implicaciones para la seguridad del próximo jefe de Estado, de los integrantes de su gabinete y para el manejo de los recursos públicos. Por ello, también solicitó la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación.
El Gobierno entrante pidió a la Unidad Nacional de Protección acatar en su totalidad la decisión judicial y garantizar el acceso a toda la información relacionada con el proceso contractual, con el fin de facilitar su revisión.
Asimismo, De La Espriella aseguró que mantendrá un seguimiento permanente a los contratos y nombramientos que se realicen durante la etapa de transición entre gobiernos. Según afirmó, este periodo no debe utilizarse para acelerar decisiones que puedan afectar la seguridad institucional, el uso de los recursos públicos o la gestión de la nueva administración.
El proceso permanecerá suspendido de manera provisional mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.
