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Interpol emite circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y prófugo por escándalo de corrupción en la UNGRD

La Interpol expidió circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y uno de los principales señalados en el escándalo de corrupción de…

La Interpol expidió circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y uno de los principales señalados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque la decisión se conoció públicamente este lunes 22 de septiembre, fuentes de alto nivel confirmaron que la orden internacional había sido emitida hace una semana.

González, considerado un hombre de confianza del presidente Gustavo Petro y con trayectoria política en la Alianza Verde y el M-19, es investigado por la Fiscalía por delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. Según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, el exfuncionario habría autorizado millonarios contratos de carrotanques en La Guajira con fines presuntamente corruptos, para sobornar congresistas y facilitar la aprobación de las reformas del Gobierno.

Las declaraciones señalan que los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, habrían recibido 3.000 y 1.000 millones de pesos en efectivo, respectivamente, como parte de la operación. Para la Fiscalía, las instrucciones provinieron directamente de González, lo que lo convierte en pieza clave del entramado de corrupción que sacude al Gobierno nacional.

Actualmente, el exdirector del Dapre se encuentra prófugo y, según reveló Noticias RCN, permanece oculto en Nicaragua, país donde habría renovado su residencia con apoyo del Gobierno colombiano. La difusión internacional de la circular reabre cuestionamientos sobre la demora en su emisión y la efectividad de la cooperación internacional en este caso.

El proceso contra González representa un nuevo golpe para la administración Petro, que enfrenta un creciente desgaste político por el escándalo de la UNGRD, el cual amenaza con convertirse en un punto de inflexión para su agenda de reformas.