El Gobierno colombiano y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las disidencias de las extintas FARC-EP, sellaron un acuerdo para establecer una zona de paz en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Esta decisión busca avanzar de manera concreta en el proceso de negociación que ambas partes vienen desarrollando, el cual, según informaron, ya se encuentra en una “fase avanzada”.
El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde destacó que la zona acordada servirá para “la dejación de la violencia” y será el lugar donde se congregarán tanto los combatientes como el armamento del Frente 33. “Comienza la paz del Catatumbo”, afirmó el mandatario, haciendo referencia a una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y la presencia de diversos actores armados ilegales.
Como parte del pacto firmado en la ciudad de Cúcuta, se definió la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), delimitada geográficamente en área rural del municipio de Tibú. Allí se alojarán los integrantes del Frente 33 que hacen parte del EMBF, grupo conformado por bloques como el Magdalena Medio ‘Comandante Gentil Duarte’, el Comandante Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes, todos escindidos del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC.
El documento, denominado “Acuerdo del Catatumbo”, establece que en la ZUT se garantizará el respeto por el Estado social de derecho, así como la presencia institucional necesaria para liderar transformaciones en los territorios afectados por el conflicto. Además, subraya que las comunidades del Catatumbo participarán activamente en estas transformaciones, con pleno respeto a sus derechos y libertades.
Para definir la ubicación de la ZUT, se tomaron en cuenta criterios de seguridad, condiciones logísticas y geográficas, así como aspectos administrativos que permitan cubrir las necesidades básicas de los combatientes que se integren al proceso. El propósito, según ambas partes, es avanzar hacia una paz con justicia social y ambiental.
Este acuerdo representa un paso significativo en la estrategia del Gobierno Petro de alcanzar una “paz total” y abre un nuevo capítulo en la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto armado en Colombia.
