La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se mostró abierta a la posibilidad de retirar el polémico artículo de la reforma a la justicia que permitiría rebajas de pena para abusadores de menores.
La funcionaria enfatizó en que la propuesta ha sido objeto de interpretaciones incorrectas y aseguró que no existe intención de beneficiar a los delincuentes; según Buitrago, el objetivo del proyecto es fortalecer las penas, combatir la impunidad y avanzar en el esclarecimiento de los delitos, sin perjuicio de sanciones efectivas.
“Creo que es importante entender que hay gente que, a raíz de muchas cosas, piensa equivocadamente que se está favoreciendo la situación, cuando lo que se quiere es imponer una pena, pero no tendría ningún inconveniente (en retirar el artículo)”, aseguró la ministra.
“La gente ha entendido la explicación del proyecto desde el punto de vista de la ambición que haya sanción real, no que haya impunidad. Son delitos que tienen penas altas, esto nunca se ha dicho, ni que tengan rebajas máximas ni que vaya a no imponerse la pena al contrario”, añadió.
La reforma enfrenta también la oposición de la procuradora Margarita Cabello, quien reiteró su rechazo a cualquier medida que implique una reducción de penas para agresores de menores. “No estamos en un momento para rebajar o reducir la importancia que deba dársele a las sanciones frente a delitos o crímenes cometidos contra los menores. Consideramos que la rebaja planteada no es un elemento fundamental para lograr decisiones en firme”, afirmó Cabello en rueda de prensa.
El artículo 7 de la reforma, que plantea beneficios a quienes colaboren con la justicia, ha suscitado intensos debates en el Congreso. A pesar de los esfuerzos de conciliación, aún no se ha alcanzado un acuerdo.
Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, vicepresidente de la Comisión Primera expresó: “Hay tres alternativas. Eliminar todo el artículo 7 y mantener la legislación como está; segundo, aprobar lo que presentaron los autores de la iniciativa, la Corte, la Fiscalía y el Gobierno Nacional; y tercera, que he presentado, es mantener una especie de principio de oportunidad solamente cuando se trata de desmantelar bandas criminales”.
En respuesta, la fiscal Luz Adriana Camargo resaltó que la reforma no persigue únicamente una transformación estructural, sino que busca optimizar puntos del Sistema Penal Acusatorio, como los preacuerdos, para otorgar mayores garantías. “No tenemos ninguna postura radical, ni en el artículo 7 ni en ningún otro artículo. Estamos escuchando razones, que pueden ser válidas de lado y lado. Hay opiniones divididas entre los mismos ponentes y quedamos en una hoja de ruta muy sensata: con base en lo que hemos escuchado, vamos a realizar unas observaciones para el examen de los ponentes”.
A la espera de una resolución definitiva, la discusión sobre los beneficios propuestos para agresores de menores mantiene su curso en el Congreso, mientras las autoridades exploran alternativas para garantizar una reforma que responda de manera efectiva a las demandas de justicia de la sociedad colombiana.