Sin esperar un nuevo trámite legislativo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro activó parte de su controvertida reforma a la salud mediante un decreto firmado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, desatando reacciones divididas en distintos sectores políticos y gremiales.
La medida, que evita un nuevo intento en el Congreso —donde la iniciativa ha sido rechazada en varias ocasiones—, introduce un nuevo modelo de atención “preventivo, predictivo y resolutivo”, que ahora se convierte en política oficial del sistema de salud en Colombia.
Uno de los cambios más relevantes es la transformación funcional de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), tanto públicas como privadas y mixtas, en Centros de Atención Primaria en Salud (Caps). Estos centros, según el decreto, serán la base del modelo territorial y deberán garantizar accesibilidad, continuidad en la atención, y servicios integrales coordinados para la población adscrita en su zona.
El Ministerio de Salud tendrá un plazo de tres meses para definir los lineamientos, requisitos y condiciones que deben cumplir estos Caps, sin que ello implique un cambio en la naturaleza jurídica o autonomía de las IPS actuales.
Otro de los puntos que más ha generado controversia es la eliminación de la intermediación de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). A partir de ahora, la financiación del sistema recaerá directamente sobre entidades públicas como la ADRES, el Sistema General de Participaciones y el Presupuesto General de la Nación.
El decreto, que modifica la parte 11 del libro 2 del Decreto 780 de 2016, fue expedido horas después de que Miguel Ángel Pinto asumiera la presidencia de la Comisión Séptima del Senado, encargada de debatir reformas sociales, lo que para algunos analistas podría ser un movimiento estratégico del Ejecutivo.
Como era previsible, la medida ha sido recibida con fuertes críticas por parte de sectores que la consideran una imposición sin el debido debate democrático. No obstante, el Gobierno defiende que esta decisión permitirá avanzar hacia un sistema más equitativo, enfocado en la prevención y el cuidado comunitario.
