La organización Human Right Watch acusó al gobierno de Iván Duque de promover a nueve generales del Ejército Nacional vinculados al escándalo
de ejecuciones extrajudiciales conocido como ‘falsos positivos’. Entre los altos oficiales señalados en esta denuncia está el actual comandante de esa institución, general Nicacio de Jesús Martínez Espinel.
Según HRW, soldados al mando del general Martínez fueron responsables de al menos 23 casos de ‘falsos positivos’ en el año 2005, época en la que era comandante segundo de la Décima Brigada Blindada.
Además, la investigación de la ONG presenta un documento firmado por el alto oficial correspondiente al pago de 1 millón de pesos a un informante por operaciones que finalmente terminaron con la muerte de dos civiles, entre ellos una niña a quien hicieron pasar por guerrillera de las FARC.
La denuncia presentanda este martes por HRW señala que tres de los nueve militares implicados están siendo investigados directamente por la justicia colombiana por este tipo de irregularidades. Los otros seis deben responder por las acciones de sus subordinados y todos ellos juntos tendrían responsabilidad en 150 casos.
Aparte del general Martínez, los otros militares promovidos por el presidente Duque a comandancias del Ejército son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.
Cabe recordar que en Colombia se conoce como ‘falsos positivos’ a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Ejército Nacional durante el conflicto armado contra la hoy extinta guerrilla de las FARC, especialmente durante la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). En ese entonces, los uniformados secuestraban a civiles, luego los asesinaban y finalmente los disfrazaban de subversivos para presentarlos como bajas en combate.
Por su parte, Naciones Unidas informó en 2011 que se investigaban al menos 3.000 ejecuciones y aseguró que se trató de una práctica «sistemática». Estimaciones posteriores sitúan esa cifra en 4.200 casos.
El año pasado, la Fiscalía presentó 2.248 procesos de falsos positivos ante la Jurisdicción Especial de Paz, el tribunal creado tras los acuerdos de La Habana para investigar los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto.
Por último, HRW recalcó en su informe que la mayoría de los militares judicializados y condenados por estos delitos son soldados.
