El proyecto de ley que busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, avanza en su trámite legislativo tras ser aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado.
La iniciativa, que ahora pasará a discusión en plenaria, pretende corregir una deuda histórica con la educación superior pública mediante una modificación en la fórmula y metodología para el cálculo del presupuesto de las instituciones de educación superior. Con ello, se busca garantizar su sostenibilidad financiera y fortalecer la cobertura, calidad y acceso a la educación en el país.
Durante el debate, el presidente de la Comisión Sexta, el senador Pedro Flórez, destacó la importancia del proyecto y el amplio consenso logrado entre distintos sectores. «Este proyecto es el resultado de un diálogo amplio e inclusivo con estudiantes, docentes, rectores y expertos. Estamos construyendo un acuerdo nacional para la financiación de la educación superior pública«, afirmó el congresista.
La reforma plantea, además, asegurar recursos para infraestructura y desarrollo institucional, e introduce por primera vez la financiación de instituciones técnicas y tecnológicas, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas en diversos niveles de formación. Para el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, este proyecto representa una apuesta sin precedentes para mejorar la competitividad y el desarrollo del país a través de un sistema educativo más equitativo y robusto. «Estamos comprometidos con una transformación estructural que garantice los recursos adecuados para las universidades y que, a su vez, contribuya al crecimiento del país», indicó el funcionario.
El rezago en la financiación de la educación superior pública ha sido un tema recurrente en el debate educativo. Entre el año 2000 y 2023, la matrícula en estas instituciones creció un 176%, mientras que las transferencias de la nación solo aumentaron un 62% en términos reales, lo que ha generado dificultades en la cobertura y en la calidad de la educación.
«Cuando llegamos al gobierno, solo se destinaban 0,4 puntos porcentuales del PIB al funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas. Este gobierno, haciendo un esfuerzo, lo llevó al 0,54. Con voluntad política y apoyo del Congreso, buscamos llegar al 1% y seguir así acercándonos al promedio de la Ocde», explicó el ministro.
El debate contó con la participación activa de estudiantes y representantes de distintas universidades, quienes manifestaron su apoyo al proyecto y resaltaron la necesidad de una financiación adecuada para garantizar la sostenibilidad de la educación pública.
