La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exdetective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Alba Luz Flórez Gélvez, como posible responsable de destinar dineros públicos para sostener un plan ilegal de infiltración a la Corte Suprema de Justicia, entre 2007 y 2009.
La exfuncionaria, quien era conocida como la ‘Mata Hari’, al parecer, utilizó recursos de gastos reservados de la Subdirección de Fuentes Humanas del DAS para mantener una fachada que le permitiera acercarse al personal de servicios generales, escoltas y conductores del alto tribunal; y convencerlos de que le proporcionaran información reservada de los magistrados y de algunos procesos relacionados con la ‘Parapolítica’.
Los elementos de prueba indican que Flórez Gélvez se habría apropiado de 169’850.000 pesos y direccionó otros $24’450.000 para pagarles a las fuentes humanas que tenía en la Corte Suprema de Justicia por las grabaciones, expedientes y otros elementos que le entregaron.
De otra parte, se acreditó que, para sustentar el uso de los dineros públicos, la exdetective presuntamente diligenció formatos y elaboró informes de inteligencia con información plagiada de internet y medios de comunicación, que no correspondía a los detalles que realmente le suministraron los contactos que tenía en la Corte Suprema de Justicia.
Con la documentación aportada, al parecer, intentó ocultar el origen ilegal de todo el material obtenido en su labor de infiltración e indujo en error a los funcionarios que autorizaron el rubro de gastos reservados.
Por todo lo anterior, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Alba Luz Flórez Gélvez por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, todas las conductas agravadas.
Por todo lo anterior, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Alba Luz Flórez Gélvez por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, todas las conductas agravadas.
El juez penal de conocimiento a cargo del caso fijó el inicio de las audiencias preparatorias de juicio para abril del año en curso.
