La Contraloría General de la República encendió las alarmas este lunes al advertir que la deuda acumulada del Estado por subsidios y pagos pendientes en los sectores de energía eléctrica y gas natural alcanza los $7,6 billones, una cifra que compromete la sostenibilidad del servicio público en el país.
Según el organismo de control, esta suma se reparte en $2,7 billones correspondientes a subsidios de energía, $3,3 billones por opción tarifaria, $628.000 millones en subsidios de gas combustible y cerca de $1 billón en obligaciones no saldadas por parte de entidades públicas.
La preocupación por las consecuencias de esta mora llevó a la Contraloría a conformar una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético, en coordinación con los ministerios de Minas y Energía, Hacienda, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Procuraduría General, con el fin de hacer seguimiento riguroso a la situación financiera del sector y tomar medidas para evitar una eventual crisis en la prestación del servicio.
Una de las principales inquietudes se centra en la empresa Air-e, prestadora del servicio eléctrico en la región Caribe. En este caso, la Contraloría solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos un informe detallado sobre la intervención vigente, incluyendo los marcos jurídicos aplicados, los recursos disponibles en el Fondo Empresarial y las condiciones en las que se autorizó el desembolso de $148.000 millones a dicha compañía.
También se exigió claridad sobre el tratamiento que se ha dado a la solicitud de $2,8 billones por parte del agente interventor, destinados a garantizar la operación de Air-e en 2025 y a cubrir deudas acumuladas en el mercado mayorista de energía.
Finalmente, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, cuestionó la efectividad del sistema de estratificación como herramienta para focalizar subsidios, y exhortó al Ministerio de Minas y Energía a acelerar la ejecución de medidas correctivas para mejorar la administración de estos recursos.
