La Procuraduría General de la Nación impuso sanciones al exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, en forma de destitución e inhabilitación general por un período de 14 años.
Estas medidas se tomaron debido a su involucramiento indebido en el proceso de asignación del contrato para el manejo de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU.
La Procuraduría determinó que el exalcalde llevó a cabo diversas acciones con el objetivo de favorecer la adjudicación del contrato a dicha unión temporal. Según el Ministerio Público, se comprobó que Hernández tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se implementaría.
En estas reuniones, proporcionó información privilegiada sobre los requisitos necesarios para asegurar la obtención del contrato, otorgando así una ventaja injusta a la mencionada unión temporal en comparación con otros competidores en el proceso de selección.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Procuraduría, el exalcalde sostuvo una reunión en Bogotá con representantes de la compañía, no con el propósito de escuchar propuestas, sino para conocer la estructura del proyecto que previamente había solicitado.
Durante dicha reunión, acordaron designar a la persona encargada de elaborar los términos que asegurarían la selección de la empresa contratista mencionada.
El Ministerio Público también encontró pruebas de que el exalcalde llevó a cabo acciones para coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab). Lo instó a ignorar las reglas de contratación y el manual existente con el fin de formalizar el negocio de manejo de basuras.
Finalmente, Rodolfo Hernández enfrenta graves consecuencias políticas, ya que esta es su tercera sanción, lo que conlleva una inhabilitación permanente de acuerdo con las normativas. No obstante, la decisión final sobre su situación será determinada por el Consejo de Estado, quien decidirá si revisará o no el caso.
