La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilitación por 15 años de cinco integrantes del Ejército Nacional, tras hallarlos responsables de la muerte de un indígena durante una operación militar en zona rural del municipio de Corinto, departamento del Cauca.
Los hechos ocurrieron en la vereda La Laguna en el marco de la operación No. 26 Orión, desarrollada por unidades del Batallón de Alta Montaña No. 8. De acuerdo con la investigación disciplinaria, los militares involucrados —el sargento segundo Carlos Alberto Álvarez Rodríguez, el cabo segundo Andrés Mancipe Valderrama y los soldados profesionales Jhojan Arley Velásquez González, Yeison Mahecha Buitrago y Gustavo Enrique Molina Muñoz— incurrieron en un uso innecesario, desproporcionado e irracional de sus armas de dotación, acción que terminó vulnerando los derechos fundamentales de la víctima.
El ente de control concluyó que los uniformados incumplieron su deber de proteger a la población civil, ya que el indígena atacado no representaba una amenaza, evidenciado en que el arma encontrada junto a su cuerpo nunca fue accionada y se encontraba en perfectas condiciones. De esta manera, la Procuraduría desvirtuó la posibilidad de un enfrentamiento armado.
En su decisión, la Procuraduría sostuvo que los militares desconocieron principios fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, como los de distinción y protección general a la población civil. Además, señaló que infringieron su deber de mantener las condiciones necesarias para garantizar los derechos y libertades fundamentales de los habitantes del corregimiento Media Naranja, donde ocurrió el hecho, particularmente el derecho a la vida y a la integridad personal.
Las actuaciones de los uniformados fueron calificadas como gravísimas, cometidas a título de dolo, lo que agrava la falta disciplinaria según el régimen aplicable. La sanción impuesta es de primera instancia y puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.
Con esta decisión, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y el respeto a las normas que rigen el uso de la fuerza por parte de las instituciones militares en el país.
