Más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares, raciones que no cumplen con las medidas establecidas, tiempos insuficientes para que los estudiantes almuercen y el desperdicio de alimentos, son algunos de los hallazgos que obtuvo la Defensoría del Pueblo luego de revisar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 4 departamentos del país.
Así lo destacó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar el ‘Protocolo Defensorial para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE’, que será implementado en las 42 defensorías regionales durante el 2023 y que permitirá hacerle un seguimiento sistemático al PAE, escuchando especialmente a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios.
“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niñas y niños del país”, explicó el defensor del Pueblo.
Durante la construcción del Protocolo se realizaron visitas a instituciones educativas de Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira en las que se aplicaron los instrumentos de recolección de información a estudiantes, directivos, secretarías de educación y operadores del PAE.
En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.
Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas. En este caso en particular, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las instituciones educativas y a las familias para generar conciencia en los niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.
“De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo, hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del Programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, agregó Carlos Camargo.
Otros hallazgos del PAE
Además de los hallazgos en el marco de implementación de su Protocolo de seguimiento, vale la pena indicar que la Defensoría del Pueblo ya venía trabajando en la verificación de varias denuncias en los departamentos de Risaralda, Casanare y Magdalena, así como en los municipios de Apartadó, Bello, Malambo, Montería, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, Sahagún, Soledad y Yopal donde no se alcanzó el 50% de la cobertura del PAE.
Según información de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, en 2022 Caquetá, Cesar, Neiva, Magdalena, Sincelejo, Riohacha, Buenaventura y Sucre empezaron su operación con un retraso de entre cuatro y seis meses después del inicio del calendario escolar, afectando a cerca de tres millones de estudiantes. Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes.
De otro lado, en las visitas, la Defensoría del Pueblo evidenció fallas en la infraestructura requerida para la ejecución del PAE, así como falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas visitadas. El 16% de las instituciones educativas no cuenta con cocina; el 26% no tiene un lugar de almacenamiento; el 15% carece de comedor y el 22% no dispone de un sitio para la refrigeración de los alimentos.
Las entidades territoriales certificadas, en articulación con los municipios no certificados, deben trabajar en las fallas existentes del programa de alimentación escolar desde el inicio y durante toda la vigencia del calendario escolar y cumplir con lo dispuesto en la Ley 2167 de 2021 para garantizar la estabilidad de los recursos a nivel nacional.
“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales, reiterando el rol fundamental en la implementación adecuada del programa, así como en el proceso de gestión y cobertura educativa, es decir, la articulación de los recursos humanos, de infraestructura y estrategias de permanencia del sistema educativo con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando el servicio educativo y continuidad durante el calendario escolar que inicia y fortalecer los espacios de participación y control como los Comités de Alimentación Escolar y atender lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020”, concluyó el defensor del Pueblo.
