La situación en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) Peñas Blancas, en Calarcá (Quindío), ha generado una fuerte alerta por parte del Ministerio Público, tras constatarse condiciones de hacinamiento extremo, ausencia de atención médica y graves fallas en el acceso a servicios básicos como el agua potable. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación calificaron la situación como una emergencia humanitaria que requiere intervención urgente del Estado.
Según el informe, el penal alberga actualmente a 1.194 personas privadas de la libertad, superando en más de 240 cupos su capacidad instalada. Esta sobrepoblación genera serios impactos en la convivencia interna, el acceso a espacios dignos, el control de seguridad y, especialmente, en la atención médica y sanitaria.
Una de las preocupaciones más críticas es la falta de personal médico. Desde mediados de marzo, el establecimiento no cuenta con un profesional de planta para la atención de los internos. Esta situación ha derivado en un represamiento de tratamientos, citas médicas y procedimientos urgentes. Más preocupante aún es el caso de los reclusos con enfermedades de alto costo y crónicas, como VIH (17 casos), diabetes (11), hipertensión (55), tuberculosis (8), epilepsia (2) e incluso un caso de cáncer que requiere seguimiento y tratamiento especializado.
Las condiciones de salubridad también son alarmantes. En el Patio 5A, donde se encuentran personas especialmente vulnerables como adultos mayores, personas LGBTIQ+ y reclusos con enfermedades graves, no existe acceso a agua potable. Los internos deben abastecerse de un pozo antiguo, sin garantías de que el líquido esté libre de contaminación, lo que representa un riesgo sanitario constante y latente.
El Ministerio Público reiteró que las personas privadas de la libertad, pese a su condición, siguen siendo sujetos de especial protección constitucional. “Estar recluido no significa perder el derecho a la salud, a condiciones dignas o a una vida libre de tratos inhumanos o degradantes”, señala el comunicado emitido tras la inspección.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría instaron al Gobierno Nacional, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al Ministerio de Justicia y a las entidades territoriales a tomar medidas urgentes que garanticen los derechos fundamentales de los internos. También pidieron una intervención integral que incluya recursos para mejorar la infraestructura, contratación inmediata de personal médico, abastecimiento de agua segura y revisión del sistema penitenciario en su conjunto, para evitar que se sigan repitiendo crisis como esta en otras regiones del país.
