La muerte de una mujer de 70 años mientras esperaba la entrega de medicamentos en un dispensario de la Nueva EPS en Cúcuta puso nuevamente en evidencia la crisis en el acceso a medicamentos en Colombia, que la Defensoría del Pueblo calificó como un “fracaso colectivo” y “límite inhumano” del sistema de salud.
El fallecimiento de Cecilia Quintero ocurrió este 24 de febrero en un dispensario de la cadena Cafam que opera para la Nueva EPS en esta ciudad del Norte de Santader. La adulta mayor hacía fila desde horas de la mañana para reclamar medicamentos esenciales tanto para ella como para su hijo con discapacidad, quienes llevaban meses sin recibir los insumos necesarios, según testimonios difundidos por medios nacionales.
A través de su cuenta en X, la Defensoría del Pueblo afirmó que “la crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos” y que no se puede normalizar que la falta de fármacos esenciales se traduzca en muertes o sufrimiento de los usuarios del sistema de salud. La entidad señaló que los trámites administrativos y las demoras han relegado la salud y la vida por encima de la eficiencia y la humanidad que exige el derecho fundamental a la salud.
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Denuncias institucionales y brechas estructurales
La Defensoría recordó que hace semanas sostuvo una mesa de trabajo con la EPS intervenida en Cúcuta, en la que se acordaron compromisos para mejorar la entrega de medicamentos. Sin embargo, la entidad afirmó que los correctivos anunciados no han logrado frenar el agravamiento de la crisis. “Quienes tengan responsabilidades tendrán que asumirlas”, subrayó el organismo.
En paralelo al caso de Quintero, la Defensoría también emitió una alerta por el acceso a medicamentos para niños y niñas con cáncer, exigiendo al Ministerio de Salud y al Invima priorizar 56 fármacos pediátricos esenciales, así como garantizar la continuidad de tratamientos sin interrupciones.
La entidad advirtió que la vida de los menores con cáncer en Colombia no puede quedar supeditada a trámites administrativos ni demoras injustificadas en la entrega de medicamentos.
Organizaciones de pacientes han señalado que estas barreras burocráticas y la falta de disponibilidad de fármacos críticos ponen en riesgo la vida de miles de colombianos con enfermedades crónicas y de alto costo.
Respuesta del Gobierno y controversias públicas
El pronunciamiento de la Defensoría generó una reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, quien criticó al organismo por emitir juicios antes de que se conozcan todos los resultados de los exámenes forenses y las investigaciones oficiales. El mandatario señaló que algunas instituciones, a su juicio, se han apresurado a emitir conceptos sin el análisis legal de rigor, y defendió otras cifras del sistema de salud, argumentando logros en la reducción de mortalidad en determinadas poblaciones.
Petro también afirmó que corresponderá a la Fiscalía General de la Nación y a Medicina Legal determinar las causas de la muerte de Quintero, y anunció la apertura de mecanismos adicionales para recibir denuncias sobre irregularidades en la entrega de medicamentos por parte de las EPS intervenidas.
Impacto y exigencias de responsabilidad
El caso ha generado un amplio debate en la opinión pública y en sectores políticos, que exigen responsabilidades y soluciones estructurales. Lamentes y dirigentes sociales han considerado la muerte de Quintero como un reflejo de fallas profundas en la prestación de servicios de salud, especialmente en la atención y entrega oportuna de medicamentos esenciales.
Mientras se adelantan investigaciones internas y externas para esclarecer los hechos y establecer las causas clínicas del fallecimiento, la Defensoría del Pueblo insistió en que “morir por falta de atención no es una causa natural” y urgió a las autoridades del sector salud a garantizar el cumplimiento efectivo del derecho fundamental a la salud, sin dilaciones ni barreras burocráticas.
