La Corte Constitucional dio inicio esta semana al análisis de la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.…
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La Corte Constitucional dio inicio esta semana al análisis de la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El estudio se desarrolla en medio de un ambiente de tensión política y jurídica, debido a que la ponencia presentada sugiere la posibilidad de declarar inconstitucional la norma por presuntos vicios de forma durante su paso por el Congreso de la República.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte, es el encargado del expediente que analiza la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia, una de las figuras más visibles de la oposición. En su recurso, Valencia argumenta que el trámite legislativo de la reforma vulneró normas del procedimiento constitucional, lo que podría invalidar toda la ley.
Uno de los puntos más sensibles del debate será tratado este jueves 22 de mayo, fecha en la que el alto tribunal abordará los artículos 10 y 11 del articulado. Estos apartados son considerados clave dentro de la estructura de la reforma, por lo que su revisión podría influir decisivamente en el futuro del proyecto.
La incertidumbre crece dentro del gobierno nacional, que ha defendido la reforma como una herramienta fundamental para transformar el sistema pensional colombiano. La iniciativa busca crear un sistema de pilares que amplíe la cobertura y garantice mayor equidad, especialmente para los adultos mayores sin pensión.
Sin embargo, si la Corte Constitucional acoge la ponencia del magistrado Ibáñez y declara la nulidad de la ley, el gobierno se vería obligado a reiniciar todo el proceso legislativo, lo que significaría un importante revés político y un nuevo desafío para avanzar en su agenda social.
El país estará atento a la decisión de la Corte, la cual no solo impactará el futuro de millones de colombianos en edad de retiro, sino que también definirá el alcance del control constitucional sobre reformas estructurales promovidas desde el Ejecutivo.
