La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 0131 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional bajo el estado de conmoción interior, con el que se pretendía agilizar la financiación de proyectos en zonas golpeadas por el conflicto armado, especialmente en el Catatumbo. La decisión se tomó por vicios de forma en el trámite del decreto, lo que invalida su validez jurídica.
Este decreto permitía utilizar recursos del Sistema General de Regalías, de la Asignación para la Inversión Regional y del componente de Recursos para la Paz, con el fin de destinar financiación directa a iniciativas que ayudaran a enfrentar la crisis en la región. Entre sus disposiciones destacaban la suspensión de requisitos de planes de desarrollo territorial, la inhabilitación de convocatorias públicas y la habilitación al DNP y al Ministerio de Ambiente para definir condiciones contractuales especiales.
Sin embargo, la Corte encontró que el documento no fue suscrito conforme a lo exigido en el artículo 214.1 de la Constitución Política. En concreto, no contó con la firma de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural en ejercicio, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo firmó mientras estaba en permiso remunerado, lo que constituía una vacancia temporal del cargo. A pesar del fallo, los proyectos ya seleccionados y en ejecución con cargo a los recursos mencionados no se verán afectados, según lo aclarado por el alto tribunal.
