Un informe reciente de la Contraloría General de la República (CGR) evidenció serias deficiencias estructurales y de planificación en el manejo de las regalías en Colombia, particularmente en los municipios productores de recursos no renovables, donde a pesar de recibir cuantiosos recursos por la bonanza minera y petrolera, los avances en desarrollo sostenible han sido escasos.
Durante el bienio 2021–2022, se aprobaron 5.426 proyectos de inversión con cargo al Sistema General de Regalías (SGR), por un valor superior a los $23,3 billones. Sin embargo, hacia diciembre de 2024, solo el 63% de esas iniciativas había sido finalizado, lo que pone en entredicho la eficiencia en la ejecución de los recursos.
El organismo de control también cuestionó la orientación de las inversiones, destacando que más de $7 billones se destinaron al sector transporte, relegando sectores fundamentales como salud, educación y medioambiente. En palabras del ente, estas decisiones no siempre responden a criterios de impacto social ni de equidad territorial.
Asimismo, se denunciaron más de 125 proyectos por un valor superior a $1,1 billones dirigidos a cubrir gastos recurrentes como alimentación y transporte escolar, lo cual contraviene la naturaleza legal de las regalías, que deben destinarse a proyectos de inversión y no a gastos operativos.
El informe advierte sobre una combinación de factores que han limitado el impacto de estos recursos en los territorios: ineficiencia administrativa, falta de planificación, escasa capacidad técnica en municipios de quinta y sexta categoría, y una preocupante “pereza fiscal”, entendida como la excesiva dependencia de las regalías y la baja generación de ingresos propios.
Además, se alerta sobre el riesgo de un colapso energético si la transición energética no se realiza de manera ordenada. Según las proyecciones del organismo, a partir de 2027 Colombia enfrentará una reducción progresiva en el recaudo por regalías, producto del proceso de descarbonización y el agotamiento de reservas de hidrocarburos. Esta situación podría comprometer la autosuficiencia energética, el financiamiento de proyectos sociales y la estabilidad fiscal de muchas regiones.
Frente a este panorama, la Contraloría recomendó:
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Diseñar un plan de transición energética con enfoque territorial.
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Promover una producción responsable de hidrocarburos que no sacrifique ingresos por regalías.
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Ampliar la infraestructura energética, con prioridad en garantizar el suministro de gas natural.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que si no se toman medidas urgentes, el país podría enfrentar una situación crítica: “Sin acciones inmediatas, Colombia corre el riesgo de un nuevo apagón”, sentenció.
