El Congreso de la República aprobó una nueva ley que establece la Política Nacional de Calidad Acústica, un marco normativo que busca reducir la contaminación por ruido en el país y proteger la salud de los ciudadanos.
La iniciativa, liderada por el representante a la Cámara Daniel Carvalho, del partido Verde Oxígeno, unifica y actualiza las 17 normativas existentes sobre ruido, que hasta ahora estaban dispersas y resultaban confusas tanto para las autoridades como para los ciudadanos.
El proyecto de ley, resultado de más de dos años de trabajo conjunto con expertos, instituciones y comunidades, endurece las sanciones para quienes excedan los niveles permitidos de ruido. Las multas podrán alcanzar hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y las autoridades estarán facultadas para suspender actividades que superen los límites acústicos establecidos.
La normativa establece que el Gobierno Nacional, a través de diversas entidades, deberá implementar en un año una política que armonice las leyes actuales. Además, el Ministerio de Ambiente tendrá un plazo de 18 meses para revisar y actualizar los niveles máximos de ruido definidos en 2006, incorporando indicadores de contaminación acústica, mapas estratégicos de ruido y la identificación de zonas acústicamente saturadas.
En las ciudades con más de 100,000 habitantes, las alcaldías tendrán un año y medio para elaborar planes de acción que gestionen el ruido en sus territorios. Asimismo, la ley incluye medidas específicas para proteger a personas en el espectro autista, quienes son especialmente sensibles a los altos niveles de sonido.
El abogado Camilo Quintero, parte del equipo de Carvalho, destacó que esta ley busca dotar a las autoridades de herramientas efectivas para regular el ruido, al tiempo que simplifica los procedimientos para los ciudadanos afectados. “Los ciudadanos afectados afirman que enfrentan una especie de ‘ruta de la muerte’ a la hora de denunciar, porque envían las quejas a distintas dependencias y nadie responde”, señaló en entrevista con El País.
Carvalho precisó que la normativa no pretende prohibir fiestas comunitarias ni celebraciones tradicionales, sino controlar el ruido excesivo que afecta la tranquilidad de los vecinos. “El problema es que un solo vecino saque un parlante y dañe la calma de todo un barrio”, indicó.
