Con más de 1.200 megavatios en proyectos que se encuentran suspendidos o retrasados, el país enfrenta grandes demoras en su capacidad de generación energética.
Según proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la demanda de energía en el país aumentará entre 1,30% y 3,09% anual entre 2024 y 2038, por lo que esta situación representa un desafío considerable para el sector.
De acuerdo con un análisis de LR, nueve proyectos ya no cumplen con los plazos inicialmente pactados para su puesta en marcha, y al menos cuatro han sido suspendidos de manera indefinida: Windpeshi, Tumawind, Chemeski y Pubenza 2. Los tres primeros son parques eólicos bajo la responsabilidad de Enel, cuyos representantes, como José Antonio Vargas, presidente de la Junta Directiva de Enel Colombia, han confirmado que no seguirán adelante con los desarrollos debido a la falta de condiciones favorables.
La Asociación de Energías Renovables (SER) también ha señalado que la incertidumbre jurídica y fiscal es uno de los principales factores que han provocado estos retrasos.
Adicionalmente, problemas con licencias, trámites burocráticos y la oposición de comunidades locales, sobre todo en La Guajira, donde se localiza el 80% de los proyectos afectados, han obstaculizado la ejecución de estos importantes proyectos.
EDF Renewables, la empresa encargada del parque solar Pubenza 2 en Girardot, también decidió retirarse debido a demoras significativas en la obtención de permisos y licencias ambientales. Entre tanto, AES Colombia, responsable de los parques eólicos JK1 y JK2, reporta retrasos que superan los 900 días.
Begonia Power, por su parte, enfrenta retrasos en sus proyectos Acacia 2 y Camelias, ambos ubicados en La Guajira, con demoras de 275 y 114 días, respectivamente. Según Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg), la tasa de proyectos que no logran concretarse ha aumentado considerablemente, pasando de cuatro a seis de cada 10 iniciativas que no llegan a buen término, debido a factores como la conflictividad social y los trámites de consulta previa con las comunidades.
Este escenario presenta un serio desafío para el país, que debe encontrar soluciones para asegurar su capacidad de generación energética en medio de un contexto complejo
