La violencia desatada por la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo completa dos semanas, dejando un saldo alarmante de más de 50.000 personas desplazadas y 28.549 confinadas, según el último informe de la Gobernación de Norte de Santander.
El conflicto se intensificó el pasado 15 de enero, cuando tres miembros de una familia fueron asesinados mientras se desplazaban en un coche fúnebre en Tibú. Desde entonces, los enfrentamientos han recrudecido, agravando la crisis humanitaria en la región.
Reportes de inteligencia indican que el ELN movilizó refuerzos desde Arauca para fortalecer su Frente de Guerra Nororiental en la disputa con los disidentes del Frente 33 de las Farc, luego de la ruptura de un pacto por el control de las rentas del narcotráfico.
El Puesto de Mando Unificado (PMU) ha confirmado hasta el momento 41 asesinatos, entre ellos cuatro firmantes de paz, dos líderes sociales y tres menores de edad. No obstante, fuentes extraoficiales sugieren que la cifra de víctimas podría superar el centenar, ya que la presencia de los grupos armados ha impedido la recuperación de cuerpos en la zona de conflicto.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno evalúa la declaratoria de conmoción interior para acceder a recursos fiscales extraordinarios que permitan fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública y financiar programas sociales en la región.
El Departamento Nacional de Planeación presentó un plan de inversión de 6,5 billones de pesos para el Catatumbo, con el objetivo de atender la emergencia y mitigar el impacto de la crisis sobre la población civil.