Un escándalo de gran magnitud sacude a la Policía Nacional tras revelarse la existencia de una presunta red de tráfico de armas integrada por miembros de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro), unidad encargada de la seguridad de altos funcionarios del Estado. Hasta el momento, cinco uniformados han sido capturados e imputados por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso indebido de uniformes e insignias.
Entre los implicados se encuentra el subintendente Fabián Andrés Cuestas, quien fue jefe de turno del esquema de seguridad de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Cuestas es señalado como una de las figuras clave en la red, presuntamente responsable del desvío de armas como pistolas, revólveres, mini-uzis y rifles, así como de munición que era transportada en vehículos oficiales.
Las investigaciones, adelantadas por la Fiscalía bajo el nombre de “Operación Ares”, comenzaron en 2023 gracias a informantes protegidos. La red quedó expuesta tras un retén realizado el pasado 18 de enero en Guasca, Cundinamarca, cuando Cuestas fue interceptado junto a un civil identificado como Andrés Serrano. En el vehículo se encontraron cajas con munición y armas, lo que permitió iniciar el proceso judicial en su contra.
De acuerdo con el expediente, Cuestas habría intentado impedir la incautación con llamadas a oficiales de alto rango e incluso ofreciendo un soborno de seis millones de pesos, que fue rechazado por los uniformados en el operativo. El general José Daniel Gualdrón, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que fue contactado durante el procedimiento, pero ordenó que se actuara conforme a la ley.
Aunque la investigación no vincula a los funcionarios protegidos con las actividades ilegales, el caso ha generado preocupación por los niveles de confianza dentro de las unidades encargadas de la seguridad del Estado. La exvicepresidenta Ramírez declaró que desconocía los hechos y que Cuestas fue retirado de su esquema de seguridad por decisión de la Dirección General.
Las autoridades señalan que la red sería más amplia y que podrían estar involucrados oficiales de alto rango, por lo que se esperan nuevas capturas en los próximos días. Los cinco uniformados permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
