Para la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– el 2019 fue un año de crecimiento, de implementación de nuevos acuerdos internos y de cambios legislativos y jurisprudenciales, así lo informó su presidente, el magistrado wayuú Juan José Cantillo Pushaina.
En ese sentido, los seis despachos que componen dicha Sala, con el apoyo de aquellos despachos y profesionales en movilidad, profirieron 5.434 resoluciones durante el año 2019, de las cuales un 7% corresponde a la concesión de algún beneficio; un 32% remite a decisiones que implican la salida del asunto de la SAI; y un 61% corresponde a resoluciones de trámite dentro de los casos que conoce la Sala.
Además, se destaca que en el marco de los asuntos de competencia de la Sala, la misma apostó por la celeridad y la consolidación de procedimientos internos armonizados que garanticen la seguridad jurídica a los comparecientes y a las víctimas que participan en los diferentes trámites adelantados ante la SAI. Así las cosas, durante el 2019, la SAI profirió, por ejemplo, 1.149 decisiones de fondo definitivas en materia de libertades condicionadas y 817 decisiones de fondo definitivas sobre amnistías.
Se resalta que en los trámites de solicitudes de autorización de salidas del país que le fueron repartidos, la SAI profirió 162 resoluciones que se desagregan como sigue:
Comisión Étnica
El magistrado wayuú Juan José Cantillo Pushaina, presidente de la Sala de Amnistía o Indulto, considera que esa dependencia ha consolidado su rol en la Comisión Étnica con una contribución activa en la consulta previa a los pueblos indígenas que se desarrolló durante el 2019, así como con el reconocimiento y afianzamiento de una relación de pares con la Jurisdicción Especial Indígena a través de las diferentes audiencias que se han llevado a cabo en sus territorios, con participación, articulación y coordinación con las autoridades étnicas, tanto en su condición de autoridades como de intervinientes especiales.
Se destacan las diligencias llevadas a cabo en Cauca, Cesar, La Guajira y Magdalena con autoridades de ocho pueblos indígenas.
Destaca además, que las magistradas y magistrados de la Sala a su cargo, tanto en sus desplazamientos a territorios, que incluyeron Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –Etcr–, como en sus providencias, han iniciado una estrategia de pedagogía y sensibilización sobre el rol y las competencias que le han sido asignadas normativa y jurisprudencialmente a la Sala de Amnistía o Indulto.
“Somos conscientes que aún quedan muchos logros por cumplir y retos que asumir; pero este balance es un motivo para seguir trabajando en la consolidación de una justicia transicional como eje estructurante de la construcción de la paz en Colombia”, dijo el magistrado Juan José Cantillo Pushaina.
Orígenes intactos
Juan José Cantillo Pushaina a pesar de vivir en la ciudad de Bogotá, preserva todo ese legado cultural de su etnia wayuú.
Es un convencido de que la figura del palabrero es el más claro ejemplo de cómo se pueden lograr acuerdos entre familias que viven en conflicto, lo que de alguna manera trabaja desde el cargo que ostenta actualmente.
Es de mencionar que nació en el municipio de Manaure, lugar al que siempre llega para refrendar lo que significa ser wayuú, consolidando el respeto a sus usos y costumbres.
Cabe recordar que en el año 2001 fue escogido como defensor Público, donde coordinó en la Defensoría del Pueblo la defensa de las víctimas de Justicia y Paz.
Igualmente, cree firmemente en que el enfoque étnico es primordial, porque la diversidad étnica y cultural son derechos protegidos por la Constitución Política.
Por otro lado, recordó que el año pasado la ciudad de Riohacha fue sede del diálogo territorial ‘Voces de las Víctimas’, en el cual se trabajó alrededor de las formas de justicia, resolución de conflictos y sanción.
El magistrado Cantillo Pushaina reiteró que el objetivo principal de la Justicia Especial para la Paz es comunicarse en los territorios con la comunidad, entre ellos con las víctimas de los diferentes procesos judiciales que se estudian en la entidad.
