El gobierno de Venezuela manifestó su rechazo a la decisión del presidente Donald Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Esta norma, que data de 1798, permite la detención y expulsión de ciudadanos de países considerados enemigos por Estados Unidos. Su última aplicación se dio durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para encarcelar a más de 120.000 japoneses y estadounidenses de origen japonés.
En un comunicado oficial, la administración de Nicolás Maduro calificó la medida como una criminalización “infame e injusta” de la migración venezolana y denunció que la ley es “anacrónica” y vulnera los derechos humanos. “Los migrantes son, en su mayoría, hombres y mujeres trabajadores, dignos y honestos. No son terroristas ni criminales. Son víctimas”, señaló el documento.
Según datos de la ONU, más de 7,5 millones de venezolanos han salido del país desde 2014 debido a la crisis económica. Sin embargo, el gobierno venezolano ha minimizado estas cifras y atribuye el éxodo a las sanciones impuestas por Washington.
La orden de Trump fue bloqueada temporalmente por el juez James Boasberg, quien emitió una suspensión de 14 días para las deportaciones. La Casa Blanca tiene hasta el 21 de marzo para impugnar la medida en una nueva audiencia.
Mientras tanto, El Salvador confirmó la llegada de 238 presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad. El presidente salvadoreño Nayib Bukele compartió la información a través de la red social X.
Estados Unidos ha catalogado al Tren de Aragua como una organización terrorista debido a su expansión en varios países de América Latina y su presencia en territorio estadounidense. En medio de esta crisis, Venezuela y EE.UU. acordaron reanudar los vuelos de deportación, proceso que había sido suspendido tras la revocación de una licencia a Chevron en el país sudamericano.
