La Fiscalía de Venezuela ha anunciado este viernes la apertura de una investigación penal contra la líder opositora María Corina Machado, a quien se le acusa de presunta «traición a la patria». Esta medida surge en respuesta a su apoyo a un proyecto de ley en Estados Unidos que busca restringir los contratos gubernamentales con empresas vinculadas al chavismo.
En un comunicado oficial, la Fiscalía argumentó que la decisión de investigar a Machado se basa en su respaldo a lo que calificó como un “adefesio jurídico que patrocina terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano” que promueve “terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano” .
Según el ente acusador, las declaraciones públicas de Machado sobre este proyecto de ley constituyen delitos de «traición a la patria», conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir.
El miércoles, Machado había anticipado repercusiones para el gobierno de Nicolás Maduro debido a este proyecto legislativo, conocido como la Ley Bolívar. En su mensaje a través de X, enfatizó que esta normativa enviaba un claro mensaje al régimen: “La ley Bolívar (oficialmente Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela) envía un mensaje claro al régimen: la represión y las actividades criminales tienen consecuencias y nadie podrá normalizarlas”.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro descalificó la norma, tildándola de «basura» y advirtiendo que aquellos opositores que apoyen dicha iniciativa enfrentarán consecuencias legales, aunque no especificó cuáles serían.
En paralelo, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó la discusión de una ley orgánica destinada a inhabilitar políticamente a quienes soliciten sanciones económicas contra el país a naciones o grupos considerados «terroristas». Esta propuesta fue aprobada por unanimidad, con insistencia del presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, en que la inhabilitación política sería perpetua.
El proyecto de ley Bolívar fue introducido por los representantes estadounidenses Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz; Waltz ha declarado que es esencial que Estados Unidos mantenga y amplíe las sanciones contra el régimen venezolano para limitar los recursos del gobierno de Maduro y proteger las libertades del pueblo venezolano.
