La Administración de Donald Trump puso en marcha este viernes, 18 de septiembre de 2026, una nueva directriz sobre la denominada “carga pública”, que amplía los factores que…
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La Administración de Donald Trump puso en marcha este viernes, 18 de septiembre de 2026, una nueva directriz sobre la denominada “carga pública”, que amplía los factores que los funcionarios migratorios pueden considerar al evaluar solicitudes de residencia permanente en Estados Unidos. La medida permite valorar el posible uso de determinados beneficios públicos al determinar si un inmigrante podría depender del Gobierno en el futuro.
La disposición está dirigida principalmente a solicitudes de residencia basadas en vínculos familiares y determinadas peticiones laborales. Entre los factores que pueden ser considerados están el uso de asistencia en efectivo, subsidios de vivienda, ayudas educativas, alimentos y determinados servicios de salud financiados con recursos públicos. También pueden analizarse circunstancias como la edad, el tamaño del hogar, el estado de salud, la situación económica y el historial crediticio del solicitante.
La evaluación puede incluir determinados beneficios utilizados por familiares cuando el solicitante es responsable de su manutención y estos dependen de sus ingresos. Además, contar con un patrocinador económico no garantiza por sí solo que la persona quede exenta de una determinación de carga pública.
La norma no se aplica a algunas categorías migratorias, entre ellas personas que solicitan la residencia mediante asilo, refugio, visas U o T, VAWA y el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil. Las solicitudes de ajuste de estatus presentadas antes del 18 de septiembre continúan bajo los parámetros anteriores.
La implementación ocurre mientras varios estados, ciudades y condados interpusieron demandas para bloquear la medida. Una coalición encabezada por Nueva York y conformada también por ciudades como Chicago, San Francisco y Seattle presentó una demanda federal, mientras que 22 estados y el Distrito de Columbia impulsaron otro proceso judicial. Los demandantes cuestionan la amplitud de los nuevos criterios; el Gobierno de Trump, por su parte, sostiene que la política busca que los inmigrantes sean autosuficientes y reduzcan su dependencia de beneficios públicos.
