La emergencia ambiental en el noroeste de Ecuador se intensificó tras el colapso de un dique de contención que retenía parte de los más de 25.000 barriles de petróleo vertidos a causa de la ruptura de un oleoducto estatal, ocurrida el pasado 13 de marzo. El hecho ha provocado una grave contaminación en ríos y playas de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.
Según el Gobierno ecuatoriano, el derrame fue producto de un acto de sabotaje que afectó la infraestructura de Petroecuador, empresa encargada del transporte de crudo. La fisura en el oleoducto generó la propagación del petróleo en al menos tres ríos, impactando el abastecimiento de agua en varias comunidades.
A finales de marzo, las fuertes lluvias provocaron la ruptura de un dique en el río Caple, lo que facilitó la dispersión del crudo hacia los ríos Viche y Esmeraldas, cuyas aguas desembocan en el océano Pacífico. Petroecuador reportó la instalación de siete barreras de contención en el río Viche y la utilización de material absorbente para mitigar la contaminación, al tiempo que se adelantan labores de limpieza con maquinaria especializada.
Uno de los focos de atención es la protección de un refugio natural de fauna silvestre, donde habitan más de 250 especies, entre ellas nutrias, monos aulladores, armadillos, fragatas y pelícanos.
Para los habitantes del poblado de Cube, epicentro de la emergencia, la situación ha sido devastadora. Ronald Ruiz, líder comunitario, describió como “desastre total” lo vivido por unas 750 familias, cuya economía depende de la agricultura, pesca y ganadería. “El río está muerto; no hay pesca, no se puede regar y los animales que beben de estas aguas aparecen sin vida”, denunció.
La declaratoria de emergencia ambiental ha permitido intensificar la recolección de crudo, alcanzando hasta la fecha más de 30.000 barriles mezclados con agua. Sin embargo, el colapso del dique volvió a interrumpir el suministro de agua potable, por lo que las autoridades distribuyen líquido en carrotanques, además de kits de limpieza y raciones alimentarias.
Organizaciones como Mongabay han alertado sobre impactos en la salud de los habitantes, con reportes de afecciones dérmicas, respiratorias y gastrointestinales. En respuesta, el gobierno de Daniel Noboa ha iniciado un plan de indemnización, beneficiando hasta ahora a 802 familias con un pago de 470 dólares cada una.
Este derrame figura entre los más graves registrados en Ecuador en los últimos años. En 2022, una fuga de 6.300 barriles afectó zonas de la Amazonía, mientras que en 2020 el país enfrentó un vertido de 16.000 barriles, también con consecuencias en ecosistemas fluviales. Las autoridades continúan evaluando el alcance ambiental y social del desastre.
