¿Cuál es el plan de choque?

Editorial
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Como lo hemos venido diciendo, nos corresponde tomar bajo nuestra tutela la defensa de los intereses colectivos del Departamento, ya que quienes tienen voz y voto nos están afectando, algunos por su silencio y otros porque cuando hablan, lo hacen con intereses politiqueros para confundir al desprevenido ciudadano.

Nos referimos en esta oportunidad a la defensa que debe ejercer la población de La Guajira que considera que su estabilidad laboral depende de la empresa Cerrejón, o la persona que se beneficia de una manera colateral de la explotación de carbón.

¿Qué significa? Que no compartimos la demanda de nulidad que busca dejar sin efectos legales el Plan de Manejo Ambiental Integrado de Cerrejón y que pone en peligro la estabilidad laboral de más de 12 mil trabajadores directos e indirectos que depende del salario, pero si somos del criterio que hay que defender el medio ambiente y las comunidades adyacentes a la explotación o por donde pasa el carbón para su exportación.

Como el tema es de criterio, involucra opiniones y decisiones que debemos adoptar frente a la intención de los demandantes que busca el cierre definitivo e inmediato de la operación, demanda que se promueve ante el Consejo de Estado por parte de dos miembros de algunas comunidades de La Guajira, ONG nacionales y los tres congresistas de los partidos políticos Coalición Lista de la Decencia, Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, que hasta donde le hemos escuchado a la senadora Aída Avella, el fin es paralizar las operaciones por la falta de control, afectación al recurso hídrico y al medio ambiente de La Guajira.

No nos encontramos en una defensa ultranza en favor de la empresa Cerrejón, simplemente porque ellos sabrán defenderse, el problema es que la demanda contiene algunas verdades a medias que mide el impacto ambiental, pero no mide el impacto y las consecuencias sociales que puede generar en la medida en que el Consejo de Estado acate en su totalidad, las pretensiones de los demandantes. Es allí donde la sociedad de La Guajira tiene que revisar la propuesta avalada por los congresistas Aída Avella, Iván Cepeda y Feliciano Valencia, que en Bogotá por el solo hecho de ser congresistas tienen asegurado el desayuno de mañana, pero con una decisión adversa del Consejo de Estado, pone el peligro el desayuno de más de un empleado de menor rango. De ser así, se nos aproxima otra crisis social de las tantas que han llegado.

La explotación de carbón está proyectada terminarse entre el 2025 y el 2030 y todavía el Gobierno nacional y el departamental no ha entregado el plan de choque que mitigue lo que se presagia, pero creemos que la situación se pondrá más crítica si de una manera abrupta el Consejo de Estado decide el cierre definitivo e inmediato de la operación de manera anticipada.