¿Qué pasa si cierran la empresa Cerrejón?

Editorial
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Nos genera gran preocupación la posición de muchas personas que le apuestan al cierre de las operaciones de la empresa Cerrejón, cuya admisión de la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado busca el cierre definitivo de la compañía, responsabilizando a la multinacional de la crisis humanitaria que vive La Guajira por la afectación de la seguridad alimentaria y la escasez de agua.

Respetamos la posición de los demandantes, somos del criterio que si existe una persona o entidad que está generando afectación del medio ambiente en el Departamento, para eso están las entidades que ejercen el control, que multen si es necesario a quienes están por fuera de la ley. También compartimos que si las entidades encargadas de ejercer el control ambiental no hacen lo propio, existe la Procuraduría y la Contraloría, encargadas de sancionar a quienes no lo hacen, pero en lo que no estamos de acuerdo es que se le apunte al cierre de las operaciones de una empresa de la que dependen cerca de 12 mil empleados directos e indirectos, elevada mínimamente a la 10.

Creemos que de cerrarse las operaciones de Cerrejón, tal como lo vienen planteando quienes se hacen llamar defensores de los derechos humanos y los congresistas Aída Avella, Iván Cepeda y Feliciano Valencia, el departamento de La Guajira entraría en la peor crisis económica y social.

Les aseguramos que los tres congresistas que promueven el cierre de las operaciones de Cerrejón tienen el desayuno y el almuerzo definido, pero con esa decisión cerca de un cuarto de la población del Departamento no le va a quedar definido el desayuno y mucho menos el almuerzo por más de un buen tiempo. A eso se le suma la alta presencia de los venezolanos y la inestabilidad política a nivel departamental, que también afecta la economía y los problemas sociales.

Si los 12 mil trabajadores directos e indirectos que quedan en la calle van a buscar empleo en los cultivos de banano, no se preocupen que la presencia de Fusarium Raza 4 Tropical en La Guajira está afectando las exportaciones.

Los demandantes solicitaron la adopción de medidas cautelares que buscan que mientras se resuelven de manera definitiva las pretensiones, se prohíba cualquier modificación que implique expansión de la operación y se impida la explotación de carbón en áreas cercanas a comunidades, por supuesta violación a los derechos a la salud, vida, agua, dignidad y participación.

Si el Consejo de Estado falla en contra de Cerrejón, podemos decir ‘apague y vámonos’, simplemente porque el problema social no solamente será de 12 mil empleados, sino que será elevado a la 10 y porqué no a las 20 veces de lo que se benefician de una forma colateral. La Guajira no aguanta un cierre de la mina.