Ante la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo de La Guajira, las autoridades tradicionales wayú de Wuimpumuim, resguardo de la Alta Guajira, amparados por la sentencia T-302 de 2017, interpusieron incidente de desacato contra el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, por paralizar al parecer el plan provisional de acción aprobado por la Corte.
Al tiempo que cuestionan la parálisis de otras acciones que cuentan con compromisos contractuales como los polémicos carrotanques y ollas comunitarias, que podrían contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional de los niños y niñas wayú en el Distrito de Riohacha y los municipios de Manaure, Uribia y Maicao, accionados por la sentencia.
En el oficio enviado al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, indican que “lo que evidenciamos es que se atiende de forma deficitaria las órdenes judiciales impartidas por su despacho y desatiende la UNGRD los compromisos planteados en el plan de acción; las acciones de emergencia que buscan la no regresividad no son optativas sino imperativas”.
Señalan que al margen de que existan investigaciones penales en curso “la UNGRD no puede dejar de cumplir sus deberes constitucionales, legales y misionales y menos los asumidos en el plan provisional de acción”.
Indican que la UNGRD en los puestos de mando unificados y en otras mesas técnicas adelantadas anunció varias acciones para Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, en el marco del cumplimiento de la sentencia, las cuales están relacionadas con la rehabilitación de jagüeyes, entrega de tanques de almacenamiento, suministro de agua potable a través de vehículos cisternas y compra de vehículos cisternas sencillos.
De estas acciones acordadas en un dialogo genuino con las autoridades wayú, la UNGRD reportó que algunas se detuvieron por directriz del director.
A esta situación se suma la parálisis de otros procesos contractuales entre los que se encuentran las 470 ollas comunitarias y el mantenimiento de 239 jagüeyes. Las autoridades indígenas consideran que pueden ser parte del plan estructural y que permita dar cumplimiento a las sentencias T-302 de 2017 y T-415 de 2018.
Por su parte las 121 autoridades tradicionales firmantes piden que los funcionarios del nivel nacional, departamental y municipal entiendan que su misión es ‘salvar vidas’, construyendo soluciones estructurales planeadas para defender la vida del pueblo wayú que se encuentra en riesgo, no polemizar y no teorizar.
Sin embargo, enfatizan que su clamor tiene que ver con el hecho de que las decisiones de la UNGRD impactan de forma directa al pueblo wayú de Uribia, al que se le estigmatiza y no se construyen soluciones.
“El director de la UNGRD desde su posesión no solamente paralizó el plan provisional de acción aprobado por su despacho, sino que también con sus intervenciones en vez de construir en pro de la superación del ECI ha decidido juzgar a los líderes del pueblo wayú como presuntos autores o partícipes de un escándalo de corrupción en el cual el pueblo waýu no es victimario, es víctima, en todo este asunto”, indicaron las autoridades.
Finalizan diciendo que las más de 16 comunidades wayúu beneficiadas con soluciones de agua no pueden comprender ni avalar la postura pública que ha venido teniendo el director de la UNGRD que se traducen a un no rotundo Uribia, que es la capital indígena de Colombia.
“De muy mala manera percibe el pueblo wayúu las intervenciones públicas del director de la UNGRD donde indica: «ese FIC no se va a entregar, esos recursos no se van a desembolzar mientras yo este acá» su dicho carece de fundamento legal y responde más a un asunto volitivo que pone en riesgo el cumplimiento de una orden judicial”.
