El pasado 28 de julio fue sancionada la Ley 2500 de 2025, una normativa histórica que garantiza la capitalización, modernización y reactivación de las Salinas Marítimas de Manaure – SAMA LTDA, empresa de economía mixta y patrimonio productivo del municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira.
La iniciativa, impulsada y sustentada en el Congreso por el representante Juan Loreto Gómez Soto, responde a un clamor prolongado de las comunidades y trabajadores de la región, que por décadas han exigido justicia, inversión y compromiso estatal con este sector estratégico para el desarrollo local.
“La sanción de esta ley no es solo una victoria legislativa, es una deuda saldada con un pueblo que lleva décadas esperando. SAMA no podía seguir en el abandono. Hoy la sal de Manaure vuelve a tener futuro, y lo tiene con su gente al frente”, expresó el congresista tras la firma presidencial.
La nueva ley contempla una inversión directa del Gobierno nacional por 61 mil millones de pesos, destinados a capitalizar la empresa, adquirir nueva maquinaria, modernizar sus procesos y reactivar completamente su operación, considerada clave para la economía del territorio.
Además, el texto legal establece medidas para reforzar la gobernanza interna, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, y asegurar una gestión eficiente y participativa. También se contempla la entrega de activos y equipos esenciales para su funcionamiento.
La participación accionaria en SAMA quedará distribuida de la siguiente forma: el Estado, representado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ostentará el 50,1% de las cuotas sociales, mientras que el 49,9% restante permanecerá en manos del municipio de Manaure y de las organizaciones indígenas Sumain Ichi, Waya Wayuu y Asocharma, consolidando su carácter comunitario y territorial.
Uno de los puntos clave de la ley es la prohibición de enajenar la participación estatal durante los próximos 20 años, salvo que antes se haya recuperado totalmente la inversión realizada por el Estado.
Más allá de su dimensión económica, la recuperación de SAMA representa una apuesta por la soberanía productiva, la justicia social y el reconocimiento del valor cultural y ancestral de la sal en la vida del pueblo wayuu. La norma es vista como un paso firme hacia el desarrollo con dignidad para La Guajira.
