El Gobierno departamental de La Guajira, en cabeza de Nemesio Roys Garzón, sigue realizando acciones para poder darle soluciones a las comunidades wayuú en la Alta Guajira, en medio de la pandemia del Covid-19 y la crisis social que hay en el Departamento.
Cabe indicar que las estrategias se basan en la problemática social que aqueja los municipios de Manaure y el Uribia principalmente, específicamente por la presencia de peajes clandestinos ubicados en varios puntos de las comunidades indígenas, afectando de cierta manera el potencial turístico y cultural que poseen dichas localidades.
Por ello desde, la Secretaría de Asuntos Indígenas del Departamento, por medio de Claudia Patricia Henríquez, se aportó la siguiente ruta a seguir.
“Se requiere conocer la siguiente información con el objetivo de realizar una caracterización de la población afectada, así como en el marco del goce efectivo de sus derechos fundamentales. ¿Cuántos peajes (indígenas) existen en Uribia? ¿Cuántas familias están siendo afectadas? ¿Cuántos niños y niñas? ¿Qué proyectos o programas se tienen previsto para esta población? ¿Existen emprendimientos de turismo o etnoturismo comunitario identificados en el municipio? ¿Se ha hecho gestión con algunas agencias internacionales y/o empresas privadas con proyectos y programas para fortalecer las acciones del ente local y departamental, en materia de inversión social en el área de influencia de sus proyectos y que vaya dirigido a las comunidades indígenas de Uribia?”, hizo mención solo algunos de los tantos interrogantes que existen.
Igualmente, se cuestionó si la población menor afectada, se encuentra en programas de primera infancia y nutrición de la modalidad propia del Icbf. “¿A esta población se le garantizan los servicios de salud? ¿Quién es su prestador primario? ¿A qué EPS pertenecen? ¿La población afectada está identificada Registraduría Nacional y afiliada al sistema de salud? ¿Esta población está siendo beneficiada, como derecho fundamental, del acceso a la educación básica? ¿La población afectada hace parte de algún programa artesanal/cultural en el municipio? ¿Es posible ingresarlos?”.
En ese sentido, informó Claudia Henríquez Iguarán una vez conociendo un poco sobre la caracterización de la población afectada, desde la Secretaría de Asuntos Indígenas se propone que La Guajira y luego cada municipio lo adapta y adopta a su contexto territorial, tenga un manual de relacionamiento para las comunidades étnicas.
“Entre ellas, nuestros indígenas wayuú, que permita al foráneo, como al local que no conocen como funciona el sistema propio de los pueblos indígenas, logre conocerlo y apropiarse de los conocimientos que permitan un diálogo genuino y bajo la primicia del respeto con nuestros pueblos indígenas y así poder ingresar a las comunidades indígenas. Desde este sector ya se inició un trabajo sobre el mismo y estamos dispuestos aportar información, así como unir esfuerzos para avanzar”, acotó.
Afirmó que también hay que tener la resolución de conflictos en las comunidades.
“Muchos de los conflictos que estamos viviendo con las diferentes comunidades del área de los municipios, pasan por pugnas internas entre los valores de representatividad vs legitimidad por un lado, y los territoriales, buscamos primero quién es la Autoridad Tradicional, sin verificar también quién es el poseedor ancestral del territorio, pudiendo a veces existir conflictos entre uno y otro, conflictos que pueden perturbar un buen relacionamiento intercultural. Recordando que la legalidad nos las brinda interlocutar con las autoridades representativas de las comunidades, sin dejar de lado la posesión y dominio ancestral sobre el territorio”, recalcó.
Asimismo, dijo que esto facilita y garantiza relaciones de confianza y transparencia entre personas, gobiernos, comunidades, empresas y demás actores institucionales y comunitarios, amigables y sostenibles en el tiempo, es decir, una relación de buenos vecinos, respetando los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
“Es necesario sensibilizar a nuestros indígenas que no se debe sobreponer al uso del espacio público -las playas siguen siendo de uso público-, no estoy de acuerdo con una cancelación de tarifas por parte de niños y niñas de la etnia wayuú, porque esto puede generar incremento de problemas sociales y conflictividades en el territorio. En el caso de la Alta Guajira, las playas no solo están en territorio sagrado, protegidas como resguardo indígena desde 1984, sino que aún no cuentan con infraestructura de agua potable, entre otros. Lo que está generando una serie de problemas sociales. Nuestro deber es propiciar y generar todos los espacios con los sectores con competencia y con el mismo Gobierno nacional, pero es necesario conocer cifras y caracterizar la población afectada”.
Cabe indicar que se espera una segunda reunión con los mismos sectores de Uribia, Manaure y el Departamento mediante la modalidad virtual el próximo miércoles 21 de abril a las 9:00 de la mañana.
En este segundo espacio institucional se pretende conocer información sobre: número de peajes, nombre de comunidades, nombre de autoridades tradicionales y autoridades ancestrales, entre otros.
Posteriormente, se realizará una Mesa Técnica Sectorial e Intersectorial y otros Actores clave para abordar la problemática social de nuestros indígenas de Uribia y Manaure. Para esta mesa es necesario planificar una agenda del día, presentación formal a demás actores y sectores de la situación social de las comunidades afectadas y que afectan indirectamente el turismo y el desarrollo local y departamental, así como la seguridad ciudadana.
