Se completan 8 días desde que se inició el paro en el basurero de Riohacha, por parte de cinco comunidades wayuú que piden resarcimiento por ser afectados por la contaminación en la zona.
Las comunidades wayuú informaron que tras la contaminación ambiental en el sector, centenares de niños, adultos y adultos mayores han resultado afectados y por ello pidieron la intervención del gobierno Distrital y del gobierno nacional.
La situación del bloqueo en el basurero, además, ha generado que en la ciudad de Riohacha el servicio de recolección de basura se vea afectado.
En barrios donde debían recoger la basura la semana anterior, la empresa Interaseo duró dos días para recogerla.
De igual manera, el fin de semana también hubo demora en la recolección de basuras en barrios como Manantial, El Portal, Jorge Pérez, Coquivacoa, Paraíso.
Solo hasta este lunes festivo fue recogida la basura en estos sectores, cuando debía ser recogida el pasado sábado en horario nocturno.
Cabe indicar que desde el pasado miércoles 11 de agosto del presente año, las comunidades indígenas wayuú de La Loma, Los Cabritos, El Manantial, Santa Clara y Santa Clara Dos, dueños ancestrales del territorio donde funciona el botadero de basura a cielo abierto de Riohacha, bajo sus facultades legales y constitucionales y por las grave afectaciones ambientales a la que vienen siendo sometidos por más de cuatro décadas, decidieron cerrar y bloquear la entrada de este basurero, evitando que los camiones recolectores ingresen a botar los desechos y residuos sólidos.
“Este cierre se presenta luego de diferentes mesas de diálogos a la cual las autoridades tradicionales titulan como mesas fallidas y engañosas, toda vez que siempre hablaban de la mitigación y compensación, cuya compensación sería la entrega de proyectos a corto, mediano y largo plazo, siendo la de corto plazo la entrega de un recurso por la suma de mil millones setenta mil pesos, por parte de la empresa Interaseo, en donde las autoridades tradicionales en las diferentes mesas de diálogos siempre solicitaban la certificación de la existencia de dicho recurso, pero tal certificación nunca fue entregada”, afirmó una fuente.
De igual manera, informó la fuente que “en vista de la dilatación y engaño a la que querían someter estas comunidades por parte de la Alcaldía Distrital y la Empresa Interaseo, es que determinan cerrar nuevamente este basurero, pero llama la atención y sorprende las declaraciones de funcionarios de la Alcaldía y la empresa Interaseo, cuando manifiestan que las comunidades no son estables y no se mantienen en las exigencias, cuando los que han querido dilatar el proceso son ellos mediante artimañas engañosas, para lo cual pretenden ahora adjudicar supuestamente la ejecución del contrato a dedo y a contratistas filiales a sus intereses económicos”.
Ante la situación, José Luis Pérez, líder de la Comunidad Santa Clara manifiesta que “ellos como comunidad no se prestaran a los juegos sucios y corruptos de la Alcaldía y la empresa Interaseo de querer legalizar unos supuestos recursos de lo cual no existe claridad sobre su existencia con la construcción y mejora de vías y cementerios”.
De igual manera, informó la fuente que “estas comunidades son enfáticas y vehementes en la reclamación de sus derechos y manifiestan que rechazan la posición nefasta de la empresa Interaseo de querer imponer sus políticas en sus territorios cuando los que han venido causando la masacre ambiental en las comunidades son ellos por la irresponsabilidad social y el mal manejo de los residuos sólidos que entre otras cosas cuenta con una resolución de cierre y clausura definitiva por parte de Corpoguajira, cuya resolución data desde el año 2016 y más sin embargo este cierre nunca se le ha dado cumplimiento”.
Finalmente, indicó la fuente que “la única respuesta que han recibido estas comunidades en exigencia a sus reclamaciones legítimas y en derecho son amenazas de muerte, la incineración de una enramada como lugar sagrado y de reuniones y algo muy preocupante que es la apertura de un proceso penal en contra de la ONG de Derechos Humanos Nación Wayuú, quien venía acompañando y asesorando a las comunidades en la exigencia de sus derechos. Sin embargo la empresa Interaseo a manera de intimidación denunció penalmente a esta ONG por la supuesta muerte que llamaron asesinato de una canina. Sorprende además la diligencia y eficacia de la Fiscalía Seccional Guajira en la apertura de este proceso infundado en contra de la ONG, mientras que las denuncias por terrorismo, amenazas de muerte e incineración de un sitio sagrado, duerme en el sueño del olvido en la Fiscalía General de la Nación Seccional Guajira. Las exigencias de estas comunidades son claras y obedecen a la mitigación y compensación por las afectaciones causadas, además de la inclusión en las diferentes actividades laborales que se desprenden de estas actividades de recolección y disposición final de las basuras en sus territorios ancestrales”.
