Tras el reciente fallecimiento de un bebé de dos meses por desnutrición en La Guajira, denunciado por el Senador Alfredo Deluque, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) un informe detallado sobre la situación actual de la prestación de servicios a la primera infancia en el departamento.
Camargo Assis enfatizó la necesidad de implementar acciones integrales, eficaces, estructurales y coordinadas de manera urgente, considerando que se han reportado cerca de 650 casos de desnutrición aguda en niñas y niños menores de cinco años en los primeros tres meses del año en esta zona del país.
El Defensor del Pueblo destacó que el Gobierno Nacional debe poner en marcha acciones integrales, contundentes y prontas para atender la grave situación de inseguridad alimentaria en La Guajira, la cual sigue cobrando vidas de niñas y niños.
“Le solicitamos al ICBF informar detalladamente la situación actual de la prestación de servicios a la primera infancia en La Guajira. También es necesario conocer el número de niñas y niños que hasta la fecha han sido atendidos bajo cada modalidad de atención”, dijo Camargo Assis.
Asimismo, señaló que entre enero y marzo de 2024, según datos del Instituto Nacional de Salud, se notificaron 649 casos de desnutrición aguda moderada y severa en La Guajira en niñas y niños menores de cinco años. El 84% de estos casos correspondió a población indígena. En el mismo periodo, se reportaron diez muertes por desnutrición y causas asociadas, dos de ellas confirmadas y ocho en estudio.
“La vida, salud y seguridad alimentaria son derechos que no pueden esperar o verse demorados por cuestiones administrativas. Por ello, insto a los órganos de control a identificar, investigar e implementar las acciones necesarias para que las entidades con responsabilidades en la actual situación actúen conforme a sus obligaciones”, expresó el Defensor del Pueblo.
Camargo Assis agregó que la preocupación crece, pues “a pesar de los discursos y anuncios del Gobierno Nacional para mitigar los casos y muertes por desnutrición, en La Guajira siguen falleciendo niñas y niños por esta causa. Lo que está sucediendo no se resuelve con discursos de voluntad; las acciones integrales, eficaces, estructurales y coordinadas se deben desarrollar y poner en marcha de manera urgente”.
De acuerdo a lo expuesto por la Defensoría del Pueblo, si bien es cierto que el ICBF está adelantando estudios para implementar una modalidad propia que tenga en cuenta el enfoque étnico diferencial, esto no puede ser excusa para desatender la situación de inseguridad alimentaria en el territorio.
“Además de los estudios y pilotajes que se realizan en La Guajira, se debe dar respuesta a las problemáticas estructurales y no afectar la continuidad de las modalidades para la primera infancia. Se deben lograr acciones que permitan garantizar el derecho a la alimentación de la niñez”, afirmó Carlos Camargo Assis.
Es importante, así mismo, adelantar acciones y programas que tengan en cuenta el enfoque étnico y territorial, los usos y costumbres de las poblaciones. Sin embargo, mientras se surten los procesos y estudios pertinentes, las niñas y los niños de La Guajira deben estar vinculados a los diferentes servicios y modalidades de atención.
Los programas dirigidos a la primera infancia, prestados por el ICBF, resultan esenciales porque niñas y niños entre los 0 y 5 años cuentan con una atención integral: refrigerios en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde, con el objetivo de contribuir al 70% de los requerimientos nutricionales.
Lo anterior es solo una de las acciones que deben ser garantizadas, no obstante, no es suficiente. Deben ser atacadas las causas estructurales que por años han cobrado vidas de niñas y niños de La Guajira. Es necesario una mayor cobertura de acceso al agua, lograr que la población cuente con alimentos de calidad y ricos en nutrientes, además de la continua búsqueda activa de casos, con el objetivo de identificar de manera oportuna cuándo una niña o niño padece desnutrición.
“Lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el eje transformador del derecho fundamental a la alimentación no puede quedarse en el papel. La desnutrición en la niñez debe ser una prioridad en la agenda nacional”, finalizó el Defensor del Pueblo.