Marlon Uriana, miembro de la Asociación Territorio Étnico, contratista de la educación en Uribia, emitió una alerta a la comunidad educativa tras el fallecimiento de una docente por Covid-19.
De acuerdo al funcionario, se debe trabajar en estrategias mucho más sensibles que permitan desarrollar un retorno de los estudiantes y de los docentes en alternancia a las comunidades, de manera segura.
“Lamentamos mucho la muerte de la compañera Mileidys. Hemos solicitado la información a la Asunción Temporal para verificar en qué situación se encontró ese contagio para determinar el cerco epidemiológico que se puede generar a partir del conocimiento de la causa”, dijo.
Señaló que, hasta el momento, no han recibido comunicación oficial, por lo que como organización contratante de la docencia, expedirán la debida documentación de lo que les corresponde como ente contratista.
“Vamos a enviar un oficio a la Secretaría de Salud de Uribia para conocer los pormenores de contagios y determinar los procesos”, agregó.
Uriana enfatizó que gran parte del problema radica en que la mayoría de las comunidades no cuentan con perfiles necesarios para prestación del servicio educativo.
“Por lo tanto toca contratar personal de La Guajira u otros departamentos que deben trasladarse hasta las comunidades, ese es el miedo que tienen las autoridades y algunos padres de familia, que en el trasegar de ir y venir se puedan contagiar a alguno de los miembros de la comunidad”, refirió.
Por esta situación, uno de los mecanismos que tomó la Alcaldía fue suspender temporalmente las clases, hasta el 25 de abril, pero “vemos que el comportamiento en vez de disminuir va en aumento”.
“Posiblemente exista la necesidad de que todos los individuos que estamos involucrados en el proceso de educación debamos sentarnos para poder desarrollar un proceso de mayor fortaleza y acompañamiento institucional para generar a partir de ahí unas estrategias mucho más sensibles frente a la problemática que se vive con el aumento del Covid en Uribia”, expresó.
Al final dijo no es el cierre de los centros etnoeducativos, sino la prevención frente a lo que viene ocurriendo en la falta de garantías para que los docentes presten sus servicios en condiciones laborales dignas.
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