El Tribunal Administrativo de La Guajira dejó sin efectos la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años que la Registraduría Nacional del Estado Civil había impuesto a Pedro Celestino Arteta Bonivento, tras determinar que durante el proceso disciplinario en su contra se vulneraron sus derechos fundamentales.
La decisión fue adoptada el pasado 30 de abril de 2025, luego de que el exfuncionario presentara una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, señalando irregularidades en las notificaciones del proceso. Según el Tribunal, la Registraduría notificó por correo electrónico tanto el pliego de cargos como el fallo sin que existiera un consentimiento previo del investigado, omitiendo los mecanismos formales exigidos por la ley, como la notificación personal o supletiva por edicto.
La magistrada Carmen Cecilia Plata Jiménez, ponente del caso, concluyó que la actuación de la Registraduría desconoció el derecho al debido proceso y afectó la defensa de Arteta, configurando una irregularidad sustancial que pudo incidir en el resultado final del proceso disciplinario.
Con base en estos hallazgos, el Tribunal ordenó anular la sanción y solicitó a la Procuraduría General de la Nación eliminar la inhabilidad del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI). No obstante, negó las pretensiones relacionadas con los perjuicios materiales y morales reclamados por Arteta, al considerar que no estaban debidamente acreditados.
La sentencia también desestimó la excepción de caducidad invocada por la Registraduría y aclaró que no se impondrán costas, dado que la entidad actuó con fundamentos jurídicos válidos. Este fallo es de primera instancia y podrá ser apelado ante el Consejo de Estado.
