Las lágrimas del sufrimiento que bañan las mejillas de los wayuú, no se podrán secar, con pañitos de agua tibia, como las que, hasta el momento se han venido aplicando en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302, que vaga de despacho en despacho, desde el 2017, sin que hasta el momento se traduzca en verdaderas soluciones a las múltiples necesidades de los sudorosos habitantes del desierto guajiro.
En sus buenas intenciones jurídicas la Corte Constitucional, quiso blindar a los habitantes del desierto, con un marco especial, pero nunca se imaginaron, que ese conjunto normativo, iba a ser soslayado con tanta facilidad por los actores anclados en las instituciones del Estado.
En la ciudad de Riohacha, se vienen abordando los temas de ‘Estado de Cosas Inconstitucional’ en la población wayuú. Los resultados, hasta el momento, no parecen los mejores.
Bla, bla, bulla, pura paja, o tal como lo canta Silvio Brito, ‘Solo promesas’. En términos coloquiales, esa es la triste conclusión que en estos momentos podemos rescatar del primer día de análisis de los programas o proyectos ejecutados por los actores del Estado, en sus diferentes periodos, para cumplir con la Sentencia T-302: Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro Urrego.
Hasta el momento las sesiones técnicas iniciadas para evaluar el trámite normativo expedido en el 2017, con ocho años, cabalgando sobre los lomos estériles de las administraciones públicas, están áridos y secos, como las arenas del desierto peninsular.
Todos estamos esperando desenredar la maraña de palabras adoptadas a la problemática social que afecta a los wayuú, las cuales posan como letra muerta, en los numerales 5 y 8 de la Sentencia T-302, en donde se habla de un censo y la garantía para realizar el famoso diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo wayuú.
El tema del agua parece una burla. Sus resultados son inocuos, se escapan las obras de la empresa departamental Esepgua.
El tema de la alimentación cayó al fondo de ‘ollas’ rotas que se montaron, al son de las tamboras preelectorales de la época, pero que lamentablemente no tienen mediciones tangibles.
De la salud, solo se conoce la intervención al hospital de Nazareth, mediante una orden emotiva del presidente Petro. La agente interventora, no informa sobre los hallazgos que motivaron la acción administrativa.
No se salvan ni los recursos destinados a los resguardos, que se continúan ‘evaporando’ al ritmo de las altas temperaturas del desierto, a donde no parecen llegar los entes de control, para conocer lo que ocurre con los resultados de las millonarias inversiones.
El tema es tan crítico, que ni el poder jurídico que tiene la Corte Constitucional, ha podido frenar las muertes de menores que no tienen cómo ser alimentados por sus padres, convirtiendo a La Guajira, en la zona peor nutrida del país.
