El reciente asesinato de un miembro de la comunidad Lgbtiq+, en zona rural de Riohacha, es el fiel reflejo de cómo la violencia se está tomando al Distrito.
A pesar de los esfuerzos del Comando de Policía por garantizar la seguridad ciudadana los hechos muestran todo lo contrario, la sensación de inseguridad es evidente, así lo expresan los ciudadanos en medios de comunicación y redes sociales.
Es urgente entonces que el tema llegue hasta el Gobierno nacional, para que definan nuevas estrategias que permitan contrarrestar las acciones de los violentos que generan miedo en la comunidad.
El alcalde del Distrito Genaro Redondo Choles, a quien se le reconoce su preocupación y solicitudes permanentes al Comando de Policía, Ejército y Fiscalía, le corresponde nuevamente instarlos para avanzar en labores de inteligencia que permitan más capturas de quienes se dedican a sembrar la violencia en el territorio.
Igual al gobernador Jairo Aguilar Deluque, porque el tema también alcanzó al municipio de Maicao y a varios del Sur de La Guajira, lo mismo que en la Alta Guajira.
La situación del país tampoco es la mejor, de acuerdo con la organización Indepaz, a corte del 31 de diciembre de 2024, en Colombia se conocieron 76 masacres con 267 víctimas.
Un informe de la organización Pares Reconciliación, advierte del aumento de algunos delitos de alto impacto, y en general en los riesgos de desencadenamiento de escenarios violentos en los principales centros urbanos del país, tiene como un factor principal el papel que juegan los grupos delincuenciales organizados, en el marco del control territorial y de las rentas ilícitas.
Precisan que se ha podido evidenciar una tendencia a la consolidación en términos organizativos y logísticos por parte de estos grupos, que en algunos casos terminan desencadenando disputas y profundizando la situación de inseguridad en las ciudades.
En ese panorama de la delincuencia organizada se puede observar un escenario de diversificación de las economías ilícitas, y también una reconfiguración de las dinámicas de la violencia en el país, en el que entran en juego organizaciones criminales consolidadas a nivel local, ligadas principalmente al microtráfico y la extorsión; actores armados como el Clan del Golfo y en cierta medida el ELN y las disidencias de las Farc.
Es decir La Guajira no escapa a la situación generalizada de inseguridad que se vive en el país, pero esa no puede ser la excusa para que el gobierno departamental y los entes territoriales se sigan esforzando para contrarrestar las acciones de los violentos en el territorio.
