La presencia institucional del Gobierno Nacional en La Guajira ha dejado entre los habitantes del Departamento una satisfacción esperanzadora y llena de optimismo, basado en la credibilidad que tiene el mandato de Gustavo Petro, en la cual hizo anuncios importantes que, de ponerse en práctica, entra a mejorar las necesidades que tienen las comunidades indígenas wayuú, así como la población en general.
La Guajira vivió una semana con la presencia del presidente, vicepresidenta y todos los ministros, institutos descentralizados, superintendentes y demás funcionarios del Gobierno nacional, que escucharon las necesidades y propusieron soluciones que son apremiantes y de pronta respuesta, especialmente con el apoyo económico que requieren los hospitales de Riohacha, Nazareth (Uribia), Manaure, El Molino y Distracción, así como en el resto de proyectos que anunciaron los diferentes ministerios que sumandos representan toda una millonada de dinero.
Todo lo anterior puede estar consignado en el decreto 1085 de 2023, por medio del cual se oficializa la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira por 30 días, prorrogable a 30 o 60 días más, todo encaminado a conjurar la crisis humanitaria que está viviendo el Departamento.
Entendemos que la crisis económica y social que vive el Departamento no se va a solucionar en los días de vigencia del decreto, ya que el mismo se hace con fin de trasladar recursos y luego vendrán las realizaciones de las obras y las soluciones para lo cual fue decretada la emergencia en este Departamento.
Qué bien por el presidente Gustavo Petro, quien le ha prestado atención de manera racional a la crisis humanitaria que en términos generales vive La Guajira, trasladándose con su equipo de gobierno para comenzar a pagar la deuda social que la Nación tiene con este Departamento, comenzando a ponerle medidas efectivas de solución, de las cuales, solo esperamos que sea toda una realidad y no un sofisma mediático que realizan los gobernantes.
Creemos en la propuesta de Gustavo Petro de comenzar a mitigar nuestra crisis humanitaria y la solución a algunos problemas coyunturales de la educación superior, abriendo nuevas facultades universitarias de medicina, enfermería y ciencias de la salud en general, profesionales que requieren las diferentes comunidades para que puedan salvar vidas.
¿Y el agua? Existe una frase de cajón que dice: “Si hay agua, hay vida” y creemos que antes de crear un instituto de agua, más bien se debe fortalecer la Empresa Departamental de Servicios Públicos, que ha sido un ente de la Gobernación que hasta el momento ha dado los resultados y cumpliendo sus objetivos: darle agua a las comunidades indígenas que antes no contaban con este servicio.
Solo esperamos conocer las prontas soluciones para que el presidente tenga victorias tempranas.
