Tras la decisión del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, quien pidió a las altas cortes decidir si se mantiene el trámite de la consulta popular presentada por el presidente Gustavo Petro, todo parece entrar a una pausa indefinida, a la espera de que se despejen las dudas constitucionales o legales.
El principio de legalidad esgrimido por el registrador Nacional, evita organizar un proceso que luego podría ser anulado. La decisión parece muy sabia, prudente y madura, y debe ser respetada por todos los actores, para darle tiempo y espacio a las altas cortes, para que ellos definan este capítulo constitucional, que no es nada fácil de resolver.
Los pasos inmediatos que ha dado el registrador Penagos, conllevan a que la Sala de Consultas del Consejo de Estado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, la Procuraduría General, y las altas cortes, sean las que, en justicia, determinen, si la aplicación de ese mecanismo, es constitucional.
Es bueno recordar que actualmente, cursan alrededor de 10 acciones de nulidad contra el Decreto que convoca a la consulta y 97 tutelas.
Esta decisión del registrador Nacional, de no organizar la consulta popular hasta que las altas cortes se pronuncien, tiene importantes implicaciones jurídicas y políticas.
Una de ellas, es que el registrador acaba de condicionar la realización de la consulta popular a un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, quienes deberán definir la legalidad del proceso de convocatoria, la constitucionalidad del contenido y el cumplimiento de los requisitos procedimentales.
Todo lo anterior, según el criterio de muchos juristas especializados, la consulta, aunque tenga impulso ciudadano o político para realizarla, no se avanzará en su organización hasta tener claridad jurídica.
Ante las demandas y solicitudes de revisión automática que han sido presentadas, la Corte Constitucional debe decidir si el documento se ajusta a los preceptos de la carta magna.
Lo grave de esto, es que una decisión de esta naturaleza, llevaría varios meses.
Si es el Consejo de Estado quien toma las acciones, acogiendo las demandas presentadas, los magistrados podrían suspender provisionalmente el acto administrativo de convocatoria mientras estudia el fondo del asunto.
El otro escenario sería la presión política o social, que día a día vienen convocando movilizaciones para exigir una decisión rápida.
El panorama no es nada fácil. Creemos que por el momento se han tomado caminos legales que permitan establecer la legalidad o no, de esta consulta, que copa las expectativas en un país, totalmente fraccionado.
La otra salida, sería el retiro o modificaciones de la propuesta, pero esto depende de cómo evolucionen los pronunciamientos judiciales y el clima político del país.
Por el momento, y pese a los primeros pronunciamientos que se están escuchando, la consulta se queda en modo pausa indefinida. Será el poder judicial quien defina las diferencias que hay entre el ejecutivo y el legislativo.
