Una nueva parálisis sufre el transporte del carbón que se extrae de las minas de Cerrejón. Unos sectores de las autoridades tradicionales, bajo el respaldo de la organización Nación Wayuu, determinaron cerrar su territorio a las operaciones mineras, hasta tanto no se cumplan la totalidad de la agenda que fue presentada al Gobierno nacional y la empresa minera.
La situación es compleja. Cada sector cree tener la razón. Las operaciones mineras se han convertido desde 1984 en el principal soporte de ingreso al Producto Interno de este departamento; Cerrejón, como lo fue en el pasado Intercor, son los generadores de empleos directos e indirectos. La minería extractiva es el pulso económico de la región, superando al gas natural, y lógicamente la sal, cuya producción se vino a menos.
Descalificar las exigencias de cada sector no debe ser el papel de la sociedad civil. Debemos exigir a todos los actores que mediten, analicen y tomen decisiones consensuadas, que faciliten un entendimiento para beneficio de las partes.
Parece que cada día los sectores en conflictos tiraran la cuerda para su lado. Da la impresión de medir fuerza para demostrar un poder que solo hace daño.
Los puntos centrales de las exigencias de las autoridades tradicionales y de Nación Wayuu, gravitan sobre una consulta previa que, al decir del documento presentado al Gobierno nacional, fue autorizada desde el 2016.
Hace cuatro días las comunidades volvieron a bloquear la red férrea, bajo el pretexto de cerrar el territorio ancestral, pero extrañamente la medida solo parece afectar las actividades mineras, situación que ha sido aprovechada por fuerzas extrañas para colocar cargas explosivas a la red férrea.
Para los querellantes, se hace necesario que se realicen las consultas previas. Una ordenada por la Sentencia T-704. Igualmente exigen el inicio inmediato del proceso de consulta previa con la comunidad de Moolu.
Piden la consulta previa con la comunidad Atapud, previamente certificada por Resolución No. ST2037 de 26 de diciembre de 2023.
También incluyen consulta previa para manejar el tema de la línea de conducción eléctrica que energiza a Puerto Bolívar y atraviesa territorio indígena.
Las peticiones piden reconocimiento de los derechos de la comunidad Luwopu y el restablecimiento de las regalías que debe recibir el departamento de La Guajira.
El tema ha tomado ribetes preocupantes, como las presuntas amenazas en contra uno de los dirigentes del movimiento, las cuales deberán ser investigadas por la fiscalía General de la Nación.
Es un tema en donde debería existir un garante de los compromisos, para evitar que cada día salgan más requerimientos o se desconozcan los pactos.
Se requiere mucha mesura, cordura, análisis y sensatez, para no seguirle haciendo daño a una sociedad que reclaman desarrollo, y evitar seguir arrastrando el karma de ser una de las regiones más atrasadas del país.