El departamento de La Guajira aparece referenciado en el nuevo informe ‘Proteger Nuestra Casa Común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica’, coordinado por la Agencia Católica para el Desarrollo en el extranjero, Cafod, (por sus siglas en inglés) y cofinanciado por la Unión Europea, que revela una tendencia alarmante de patrones comunes de abusos ambientales y de los derechos humanos en América Latina y en Colombia.
Las defensoras/es de la tierra y el medioambiente responsabilizan a los gobiernos y empresas de no poner a las personas y el planeta por delante del lucro y no proteger la Casa Común.
Por estos intereses comerciales los defensores/as se enfrentan a la criminalización, el acoso y la violencia, incluso la muerte.
Colombia es el país más peligroso de América Latina y el mundo para la defensa de la tierra y del medioambiente, así lo revelan los últimos datos de Global Witness: 290 de defensores/as ambientales fueron asesinados en Colombia desde 2012. En el 2020 el país registró casi la tercera parte de los asesinatos en el mundo.
Causas comunes
“Cuando se emite una sentencia o una orden judicial que beneficia a las comunidades, o hay sanciones contra la empresa, empiezan las amenazas. Nos mandan mensajes, empiezan las llamadas… concientizar sobre esta situación ha llevado a que nos señalen, a que nos intimiden y nos persigan”, precisó la Defensora Indígena de La Guajira.
Gobiernos, empresas y grupos armados ilegales, en seis países latinoamericanos, comparten responsabilidades en la devastación del medioambiente, los ataques en contra de los defensores/as de la tierra y la falta de garantías para su labor.
El informe presenta testimonios de personas y poblaciones que defienden sus derechos fundamentales, la vida, la salud y el medioambiente ante operaciones extractivas e intereses económicos y políticos.
Estos casos ilustran la lucha de comunidades por resistir actividades dañinas. Evidencian que las causas estructurales de estos ataques a la Casa Común y a sus defensores/as, son similares en América Latina y Colombia.
Tienen que ver con poderosas fuerzas políticas y económicas que buscan beneficiarse del acceso y control desigual a la tierra y los recursos naturales, agravados por restricciones al derecho a la consulta previa y la protesta pacífica. Otros factores son la estigmatización y criminalización, la falta de protección efectiva del Estado, la profundización de las vulnerabilidades, riesgos y ataques por la pandemia y sus impactos, y el debilitamiento de las protecciones sociales y ambientales.
En Colombia, el informe recoge las investigaciones y denuncias de comunidades indígenas y afrodescendientes acompañadas por Cinep/PPP en La Guajira, impactadas por la mina del Cerrejón.
Este proyecto minero de carbón a cielo abierto, el más grande de América Latina, tiene como propietarias a las multinacionales BHP, Anglo American y Glencore.
Los pobladores denuncian el desvío del recurso hídrico en un 40% para extraer carbón durante años; se calcula que “utiliza 24 millones de litros de agua al día”.
Las comunidades han dado la pelea jurídica, la Corte Constitucional ordenó la creación de una mesa interinstitucional para dialogar entre las partes, pero hasta la fecha nunca se ha realizado adecuadamente. Los ciudadanos reclaman el derecho a la salud, al agua, a los alimentos, a un entorno saludable y a la participación segura sin amenazas.
Al otro lado de Colombia, en el corazón cafetero del país, en una población rica en producción agrícola está Cajamarca, en el Tolima, con su lucha para ser escuchada y para hacer valer los resultados de la consulta popular vinculante desarrollada en 2017.
Allí la ciudadanía manifestó que no deseaba el proyecto minero de oro La Colosa, propiedad de la multinacional Anglo Gold Ashanti que lleva en exploración más de 14 años. Sin embargo, en el 2018 y 2019, la Corte Constitucional emitió tres fallos para impedir que las actividades mineras fueran sometidas a consultas populares y esto ha afectado el cumplimiento de la consulta en Cajamarca.
Por lo tanto, pese a la que la ciudadanía se pronunció en las urnas, a que el proyecto se traslapa con áreas delimitadas de páramos y a los riesgos que supone frente al recurso hídrico de la cuenca mayor del Río Coello y sus afluentes, La Colosa sigue siendo una amenaza.
Los defensores/as de este territorio han denunciado amenazas de muerte y otras agresiones en varias oportunidades, las cuales están documentadas y las autoridades no han tomado cartas en el asunto.
En el departamento del Cauca las mujeres del pueblo Nasa, autoridades, lideresas y defensoras del territorio han sido víctimas de señalamientos, amenazas, hostigamientos, entre muchas otras acciones violentas, con las que pretenden acallar sus voces.
En el transcurso de la investigación se registró cómo en los ataques contra las defensoras se pasó de las amenazas a los asesinatos: Cristina Bautista, Sandra Liliana Peña, Beatriz Cano y Argenis Yatacue fueron silenciadas con la muerte. Hoy no solo se convive con la ausencia de estas cuatro mujeres que lucharon por la defensa del territorio sino también con el silencio del Estado que no realiza una efectiva investigación y esclarecimiento de estos asesinatos.
En La Guajira, ante la desidia del Estado para atender la situación crítica de comunidades impactadas, los incumplimientos en los fallos judiciales y en aras de proteger la vida de los defensores de los derechos del medioambiente, concluyó que “en enero del 2021, un grupo de ONG nacionales e internacionales, incluido el Centro Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP), socio de Cafod, presentó tres denuncias simultáneas ante el Punto Nacional de contacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –Ocde– en Irlanda, el Reino Unido y Suiza, planteando que la empresa no cumple con las líneas directrices de la Ocde sobre Empresas y Derechos Humanos”.
