Luego de que en días pasados se conociera la denuncia de mutilación genital femenina en una madre adolescente y su bebé, además de que la Procuraduría requiriera y pidiera un informe con acciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), esta entidad confirmó 16 casos en los departamentos de Risaralda y Chocó.
“Se trata de niñas del pueblo embera chamí. Para nosotros sigue siendo esta una vulneración flagrante a los derechos humanos y, por lo tanto, nos vemos en la obligación de abrir con las autoridades administrativas territoriales procesos de restablecimiento de derechos. Actualmente, tenemos 12 abiertos y los otros 4 están en verificación”, afirmó Adriana Velásquez, subdirectora del Icbf.
Asimismo, la funcionaria insistió en que trabajan en promover un diálogo intercultural con estas comunidades indígenas, para construir respuestas de manera conjunta, brindando soluciones que mantenga el arraigo cultural.
“Buscamos preservar su cosmovisión como pueblo indígena, pero que además se tenga la línea del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para prevenir este tipo de violencia sexual en contra de las niñas embera”, manifestó la funcionaria.
El Icbf a través de un equipo interdisciplinario realizó una articulación con hospitales y centros de salud, además de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, para identificar los casos reportados y realizar la asistencia técnica correspondiente a las Comisarías de Familia de los municipios que tienen a cargo los casos de mutilación genital femenina en el territorio correspondiente.
«La mutilación genital femenina es una vulneración a los derechos de las niñas indígenas y por lo tanto, nos vemos en la obligación de protegerlas y aperturar los procesos para garantizarles sus derechos. Estamos trabajando con la Comisaría de Familia y el sector salud para brindarles atención inmediata a las víctimas», aseguró la subdirectora general del Icbf.
La Procuraduría General de la Nación reveló que adelanta el seguimiento del caso de una bebé embera, denunciado por el Hospital San Jorge de Pereira, después de practicarle una mutilación genital en el municipio de Pueblo Rico, en el occidente de Risaralda.
La misma denuncia la había planteado el diputado de Risaralda, Durguez Espinosa, quien reveló que en la última década, se han presentado 144 casos como estos en poblaciones indígenas de Pueblo Rico y Mistrató, a pesar de que los gobernadores ya estaban estableciendo acuerdos con las comunidades para evitar este tipo de prácticas.
