El departamento de La Guajira está muy lejos de alcanzar la cobertura universal en el servicio de energía eléctrica.
La cobertura actual es inferior al 60%, así lo establece el informe nacional de competitividad 2020-2021.
Referencia también el informe que en el Departamento se concentra el mayor número de vivienda sin conexión a la red eléctrica, correspondiente a 81.960, seguido de Nariño (36.264), Cauca (32.275) y Chocó (29.559).
Es decir, el panorama no es el mejor para La Guajira, amén que poco ha mejorado el servicio desde que lo asumió la empresa Air-e en reemplazo de Electricaribe.
A esa situación se suma el alto costo del servicio, lo que también está generando la reacción de la comunidad exigiendo al Gobierno nacional un menor valor del kilovatio hora.
La falta de un eficiente servicio de energía y su alto costo dificulta que crezca el sector privado, lo que incide en la generación de empleo y de alguna manera que los ciudadanos gocen de una mejor calidad de vida.
La deficiencia del servicio, especialmente en los municipios de Manaure y Uribia, generó recientemente una protesta generalizada contra la empresa Air-e, por parte de sus usuarios que se cansaron de los constantes apagones.
El gerente de la empresa Air-e para La Guajira, Juan Diego Narváez, explicó que se tiene definido todo un plan de inversiones que se está ejecutando sobre la línea 529, además de otras adicionales.
Para el municipio de Uribia, al interior de los circuitos que alimentan los distintos barrios se contempla una inversión adicional de 434 millones de pesos, y en Manaure por 269 millones de pesos, complementarios a las actividades de los 2 mil quinientos millones de la línea 529 y adicional a la instalación de un segundo transformador de potencia en la subestación Uribia.
“Son décadas y décadas de falta de inversión, una problemática que dura muchos años, y como empresa lo más importante es que ya tenemos la hoja de ruta, ese plan de inversiones que estamos ejecutando, tenemos que trabajar de la mano de la comunidad”, dijo.
El informe
En el informe nacional de competitividad 2020-2021, se indica que uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el país, y que persiste hasta ahora, tiene que ver con el acceso de la población al servicio de energía. De acuerdo con cifras del Sistema de Información Eléctrico Colombiano –Siel–, la cobertura de energía en Colombia fue de 96,5 % en 2018.
Es decir, cerca de 495.000 hogares (aproximadamente 1,5 millones de personas) no cuentan con acceso a este servicio.
A nivel territorial, las brechas en materia de cobertura son significativas: mientras que departamentos como el Archipiélago de San Andrés y Providencia, Risaralda, Quindío y Bogotá D.C. se encuentran muy cerca de alcanzar una cobertura universal. De otro lado, La Guajira, Vichada y Vaupés presentan tasas de cobertura inferiores al 60 %.
En cuanto al número de viviendas sin conexión a la red eléctrica, se concentran en los departamentos de La Guajira (81.960 viviendas), Nariño (36.264), Cauca (32.275) y Chocó (29.559).
Calidad del servicio
La calidad en la prestación del servicio de energía resulta ser un factor determinante para incrementar la productividad de las empresas. Las interrupciones en el servicio de energía generan pérdidas de materias primas y bienes finales, alteraciones en los ciclos de producción, así como daños en la maquinaria y equipos, impactando de forma negativa la actividad económica y desincentivando la llegada de inversión productiva a los territorios (Arlet, 2017).
De acuerdo con el Índice de Fiabilidad del Suministro Eléctrico y Transparencia de las Tarifas del Banco Mundial, que considera entre otras cosas la duración media de las interrupciones del sistema (System Average Interruption Duration Index, Saidi) y la frecuencia media de las interrupciones del sistema (System Average Interruption Frecuency Index, Saifi), Colombia obtiene un puntaje mejor al promedio de los países de América Latina y equivalente al 80% del promedio de los países de la Ocde.
A nivel nacional, de acuerdo con información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la duración promedio en las interrupciones del servicio de energía se ubicó alrededor de 17,3 horas por usuario en 2018, mientras que la frecuencia con que este tipo de sucesos se repitieron en el año fue de 21,8 veces en promedio (Superservicios, 2019).
En el contexto regional, la heterogeneidad en materia de calidad del servicio es enorme. Mientras que en Montería los usuarios del servicio eléctrico estuvieron sin energía 77,2 horas en promedio y registraron 80,4 interrupciones en el año, la ciudad de Medellín presentó cortes de energía menores a cuatro horas y menos de ocho interrupciones durante 2018.
Por nivel de tensión también se presentan diferencias considerables entre operadores de red, por las que resultan afectados los usuarios industriales en mayor o menor medida dependiendo de la empresa prestadora del servicio (Superservicios, 2019).
Recomendaciones
A través de la Resolución Creg 015 de 2018 se introdujeron los indicadores Saidi y Saifi como instrumentos para dar cuenta de la calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica en Colombia. Adicionalmente, se estableció una metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía, así como unos incentivos que se traducen en un aumento o disminución de los ingresos de los operadores de red de acuerdo con su desempeño y la compensación de los usuarios a quienes no se les entregue una calidad mínima del servicio.
A partir de lo anterior, aunque los criterios de metas, incentivos y penalizaciones son adecuados, podría ser de utilidad revisar y evaluar algunos aspectos metodológicos para calcularlos; entre ellos el valor de referencia establecido para cada operador de red, la meta que obliga a una mejora anual del 8 %, o el 4 % de incentivo o penalización cuando se alcance o incumpla la meta.
La MTE plantea que estos valores podrían ser recalculados utilizando modelos matemáticos, como modelos de redes de referencia para las zonas conectadas, o modelos integrados de electrificación de referencia para los sistemas aislados, sean estos microrredes o sistemas individuales (Minenergía, 2020).
Por otra parte, debería establecerse la obligación de instalar sistemas telemétricos a nivel de circuito y transformador para el caso del SIN, y de microrredes para el caso de las zonas no interconectadas (ZNI), de manera que haya supervisión y control por parte de la Creg y de Superservicios de la calidad del servicio, así como para garantizar el cumplimiento de lo acordado en los contratos y su estabilidad en el tiempo (Minenergía, 2020).
