El Juzgado Segundo de Pequeñas y Competencia Múltiple admitió una acción de tutela contra la Gobernación de La Guajira y ordenó la suspensión inmediata de la rendición de cuentas programada para este viernes 2 de septiembre, en el salón Sierra Nevada.
La orden fue atendida por la Gobernación de La Guajira, quienes de manera inmediata informaron sobre la suspensión del evento, advirtiendo de una nueva convocatoria para próxima fecha.
La demanda fue interpuesta por el excandidato al Senado, Luis Alonso Colmenares, quien argumentó que “la limitada disposición de aforo y la participación mediante streaming no le permiten a la ciudadanía y en particular a mí, que soy ciudadano guajiro, participar de manera efectiva en el ejercicio del poder público”.
“En este contexto, mi participación, así como la de cualquier otro ciudadano se ve afectada porque el principio democrático y participativo no posibilita que seamos convidados de piedra en este tipo de gestos, por su parte lo que anima es a mantener comunicación constante entre ciudadanía e instituciones, de modo que la construcción de la sociedad sea acorde a nuestras reales posibilidades e intenciones”.
Además, indica que el informe de rendición de cuentas se hizo público el lunes 29 de agosto del 2022, en la página de la Gobernación.
Dijo, que un documento que tiene cerca de 198 páginas con información financiera técnica que no permiten de aquí al viernes hacer un análisis consciente de la ejecución del funcionario departamental.
Puntualiza que la convocatoria si bien alega que es un evento abierto a toda la ciudadanía guajira, en realidad se hará en el salón Sierra Nevada con un aforo de aproximadamente 75 personas incluyendo al gobernador y su comitiva, lo que deja al resto de ciudadanos como espectadores sin posibilidad de opinar en el acto dado que solo podrían verlo desde la retransmisión que se haga del evento, esa cifra se extrae de la propuesta económica que se anexa a la presente acción donde se alquilarán 75 sillas para el evento.
Explica que de igual manera, en su planeación y ejecución hay una serie de irregularidades que pueden tener implicaciones fiscales, de modo que el erario se vería afectado de manera irreparable si el evento llegara a suceder, esto por cuánto el presupuesto asignado para la logística del evento por un valor de 65 millones de pesos se desprende del presupuesto de inversión, y no del presupuesto de funcionamiento, lo que podría llegar a configurar incluso una destinación indebida de los recursos públicos.
