Una comisión de la Corte Constitucional se encuentra en el departamento de La Guajira haciendo una inspección judicial de cumplimiento a la sentencia T-302.
Según el economista César Arismendi, la actividad comenzó ayer en Riohacha pero este viernes se realizará una inspección en algunas comunidades wayuú, específicamente 5 en Manaure y 4 en Uribia.
“Van a hacer seguimiento judicial del cumplimiento de la Sentencia en el área de derechos como acceso al agua, seguridad alimentaria y nutricional, participación y salud”, afirmó en el noticiero Cardenal de La Guajira.
Agregó que toda esa inspección terminará en dos asentamientos comunitarios de Uribia, conocidos como 3 de Abril y Nueva Venezuela.
“(…) el cumplimiento de la sentencia T-302 en lo sustantivo todavía falta mucho por aquello de que la política pública todavía no se escritura ni se establece un plan de acción ni los indicadores de evaluación y mientras tanto el número de niños menores de cinco años que se han muerto por causas asociadas a la desnutrición sigue creciendo”, sostuvo.
Arismendi enfatizó que, incluso, este año cerrará con unos indicadores muy altos.
“Desafortunadamente vamos a terminar con unos indicadores por encima de los indicadores que la Corte tuvo en cuenta para declarar el Estado de Cosas Inconstitucionales y que sirvieron de base para que en 2017 se declarara esta situación generalizada de derechos fundamentales en niños y niñas wayuú”, agregó.
La comisión se hace acompañar de las 25 instituciones accionadas: 18 nacionales, dos de coordinación territorial y cinco entidades territoriales.
Al final, se refirió a las posibles fallas que se han tenido para el cumplimiento de la sentencia.
“Lo niveles de coordinación son los que han fallado, el Estado y los accionados no han tenido esa efectividad a nivel de coordinación institucional para su cumplimiento y por el otro lado, la baja acción y participación del mecanismo de seguimiento de la sentencia (…) las acciones que llevan las instituciones han sido impuntuales y desarticuladas, de bajo impacto y precisamente eso es lo que quiere ver la Corte, para estudiar algún incidente de desacato que están solicitando las comunidades indígenas frente a la asistencia”, apuntó.
