Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Emilio Tapia; Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados; y Juan José Laverde, de la empresa Rave Agencia de Seguros.
Los procesados estarían involucrados en irregularidades detectadas en un contrato por más de un billón de pesos, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, con el propósito de llevar el servicio de internet a escuelas rurales del país.
El material de prueba da cuenta de que se habría falsificado la garantía bancaria para el contrato, que supuestamente fue suscrita el 28 de octubre del año pasado. Este documento fraudulento, al parecer, fue cargado al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y presentado ante (MinTIC).
Para la Fiscalía, supuestamente, se radicaron pólizas falsas para soportar una oferta en el proceso de licitación pública y quedarse con el millonario contrato, como efectivamente ocurrió. Esto evidenciaría que se indujo a error a los funcionarios encargados de la etapa precontractual y contractual.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, cargos que no fueron aceptados.
Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde fueron capturados por personal del CTI de la Fiscalía, en diligencias realizadas en Barranquilla (Atlántico) y Medellín (Antioquia). Este resultado hace parte de una línea investigativa relacionada con las posibles falsedades detectadas. Simultáneamente, avanza otro frente de indagación que busca esclarecer el destino y uso de los dineros públicos comprometidos.
