La conmemoración del Día de la Raza o el día en que el mundo europeo y el mundo aborigen tienen su primer encuentro y que llevaría al inicio de la infame acción de exterminio de los pueblos indígenas que habitaban este continente, se ha mantenido en el calendario como una fecha memorable.
Esta celebración, que ha sido inculcada desde las aulas de clase, conmemorando la llegada de Cristóbal Colón y un grupo de españoles al nuevo continente, está lejos de ser considerada un acto de gallardía y valentía española.
La idea de celebrar el encuentro y fusión entre distintas culturas, formas de hablar, entenderse, de ver e imaginar el mundo, que se produjo ante ese encuentro y que se supone como el nacimiento de una nueva identidad y patrimonio cultural, producto de la colonia, se ha convertido en el destierro, la civilización agresiva y la evangelización de las comunidades indígenas, obligándolas a seguir una culturización que los aleja de sus orígenes y que se mantiene hasta nuestros días dentro de las comunidades indígenas que han adoptado diferentes cultos.
Y aunque cada país, festeja y conmemora la fecha de maneras diferentes, en Colombia se debería dar inicio a un ciclo de reivindicación de los pueblos indígenas en un territorio que les fue arrebatado y que hoy pervive en el aislamiento permanente y en la súplica de ser reconocidos, inclusive, como seres humanos con alma, como se exponía frente al magistrado de la Corte Constitucional, José Reyes Cuartas.
Ese mismo reconocimiento es el que se ha venido adelantando frente al Gobierno nacional y departamental, en La Guajira, el pueblo wayuú, bajo el amparo de protección que es otorgado por la Sentencia T-302 de 2017 y que obliga a las entidades al reconocimiento y la garantía plena de sus derechos, no solo territoriales, sino de los mínimos vitales que les han sido negados por años y que hasta el día de hoy y solo este año le ha costado la vida a 29 niños que han padecido el rigor del hambre en territorio.
Defensores de festejar el 12 de octubre, sin embargo, argumentan, que no se puede valorar adecuadamente el pasado si no se lo comprende. Por ello, consideran que la fecha, independientemente de lo que ocurrió después, constituye un hito en la historia de la humanidad y debe ser conmemorado para recordar de dónde venimos y para dónde vamos.
Pero en el contexto local, esta conmemoración debe invitarnos a reflexionar sobre la triste realidad de olvido gubernamental y la indolencia de una sociedad que no es capaz de conmoverse frente a los niños que mueren, sobre los jóvenes que protestan pacíficamente ante el hambre del pueblo, sobre los despidos injustificados y frente a la vulneración constante de derechos en el Departamento.
Desde lo internacional, José Miguel Vivanco, de la Organización Human Rights Watch, expresó: “Hay una enorme deuda con La Guajira, en especial con los wayuú. Urge tomar medidas para enfrentar la corrupción y hacer efectivos los derechos básicos de la población. Frente a ello, las instituciones accionadas se han movido en algunos casos, pero no lo han hecho dentro del espíritu de la Sentencia. En este escenario, se observa la ejecución de proyectos desarrollados de manera voluntarista, puntuales y desarticulados, sin planes de sostenibilidad que ha llenado a las comunidades wayuú de elefantes blancos disfrazados de baños, letrinas, casas en cemento y pozos de agua salada, o pozos sin terminar, convirtiéndose en evidencia de que en La Guajira hay dinero, pero muy mal ejecutado. Adicionalmente, los niños siguen muriendo de hambre y sed.
Hoy las cifras de pobreza, desnutrición y muerte siguen por encima de la media nacional, a pesar de los indicadores e inversiones presentados como lo registraban los medios de comunicación que presentaban cifras tan alarmantes como la situación de la población indígena que vive en total miseria y en la que se indica que el 81% de las personas tienen al menos alguna necesidad básica insatisfecha.
Según el informe estatal, titulado ‘Desnutrición en la primera infancia; causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables’, en La Guajira actualmente hay 26 casos de desnutrición, lo que representa un 22,6% de los casos de todo el país; ante lo cual la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta a las autoridades para llevar a cabo una “acción conjunta y preservar así los derechos nutricionales de la primera infancia guajira”.
Esta semana la directora regional del Icbf Guajira, Yaneris Cotes Cotes, manifestó que, de los 84.000 niños valorados nutricionalmente, unos 16.000 se encuentran en riesgo o con desnutrición y lo encontrado en la valoración realizada en la comunidad 3 de Abril a tan solo 20 minutos del casco urbano de Uribia, da cuenta del estado de vulneración de los menores.
Así las cosas, desde la Veeduría Ciudadana, como expresión de injerencia desde la sociedad civil, resaltamos la fecha, como un manifiesto de recordación del incumplimiento de la Sentencia T-302 del año 2017.
Fuente Veeduría Ciudadana para la Iimplementación de la Sentencia T-302 de 2017.
