Junior de Barranquilla atraviesa una situación judicial luego de que un juez laboral ordenara el embargo de sus cuentas por el incumplimiento en el pago de una obligación económica relacionada con el exfutbolista Jaider Romero, quien tuvo un prolongado litigio con el club tras su salida de la institución.
La información fue revelada inicialmente en el programa Blog Deportivo de Blu Radio y replicada por varios medios, donde se indicó que la medida judicial se produjo luego de que el equipo no cumpliera con el pago de la tercera y última cuota de aproximadamente 330 millones de pesos que debía cancelar el 29 de enero de 2026, dentro del proceso laboral que mantenía con el exjugador.
El caso entre Junior y Romero se remonta a varios años atrás. El exlateral, quien jugó en el club entre 2007 y 2014, acudió a la justicia luego de ser desvinculado mientras atravesaba un proceso de recuperación por lesión, lo que derivó en un litigio prolongado que concluyó con decisiones judiciales a su favor.
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La situación judicial
Según fallos anteriores, la justicia laboral ordenó al club el pago de prestaciones, salarios pendientes y otras obligaciones derivadas de la relación laboral, además del reintegro del jugador, dentro de un proceso que se extendió durante varios años en los tribunales.
Como consecuencia del incumplimiento en los plazos establecidos por la justicia, se procedió al embargo de dineros que el club pueda tener en entidades financieras y otras fuentes de ingreso, mientras se resuelve la obligación económica pendiente con el exfutbolista.
El proceso continúa bajo seguimiento de las autoridades judiciales, mientras se espera que el equipo barranquillero adopte las medidas necesarias para cumplir con las decisiones y superar la situación legal que enfrenta.
La medida judicial tiene origen en la demanda laboral que el exjugador Romero interpuso contra el club rojiblanco por incumplimientos contractuales durante su etapa entre 2007 y 2014. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla falló a su favor y condenó al Junior al pago de salarios atrasados, reajustes de cesantías y otros conceptos que superan los 170 millones de pesos, además de ordenar su reintegro o una eventual desvinculación conforme a la ley laboral.
Aunque la institución apeló la decisión, el recurso fue declarado desierto, dejando en firme el fallo que hoy deriva en medidas como el embargo de cuentas para garantizar el cumplimiento de la obligación.
