La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anuncia que cumpliendo la orden del presidente Gustavo Petro, la tarifa de energía en La Guajira, Atlántico y Magdalena se reducirá un 20,23%.
El superintendente de Servicios, Dagoberto Quiroga Collazos, reiteró que esta medida preliminar forma parte de un proyecto de ley que permitirá la devolución de saldos, beneficiando a los estratos 1, 2 y 3, para asegurar la justicia tarifaria, en especial con las comunidades más vulnerables.
“Con ello, reafirmamos el compromiso del Gobierno con las comunidades más vulnerables y seguimos trabajando por la justicia tarifaria”, confirmó Quiroga.
Indicó que como un primer paso para reducir las tarifas de energía eléctrica en Colombia y el Caribe, el presidente de la República aprobó la Resolución para eliminar la tasa de seguridad, aseo y alumbrado público en los recibos de energía de la empresa intervenida Air-e, lo que disminuirá en 20,23 %, el costo de las facturas.
“Desde la Superservicios estamos implementando los tres principios constitucionales para las tarifas: garantizar la compra de energía a precios justos, eliminar sobrecostos e intermediarios, y asegurar condiciones de igualdad y solidaridad tarifaria. Además, hemos adoptado otras medidas técnicas para reducir las facturas de energía”, afirmó el superintendente Quiroga.
La Superintendencia también evalúa acciones para los departamentos de Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba, donde próximamente se implementarán soluciones adicionales para aliviar el alto costo de las tarifas de energía.
“Desde la Superservicios estamos implementando los tres principios constitucionales para las tarifas: garantizar la compra de energía a precios justos, eliminar sobrecostos e intermediarios, y asegurar condiciones de igualdad y solidaridad tarifaria. Además, hemos adoptado otras medidas técnicas para reducir las facturas de energía”, anotó.
Por su parte, el interventor de la empresa Air-e, Carlos Diago, explicó que el hecho se suma al alivio de la suspensión de la opción tarifaria, posterior a la intervención del Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con lo que se consolida la importancia de eliminar costos que no tienen que ver directamente con el consumo de los servicios públicos.
