Cientos de conductores fueron retenidos y extorsionados en la tarde del domingo 4 de enero a pocos metros del peaje de Palermo, en jurisdicción de Sitionuevo (Magdalena), según denunció el abogado José Humberto Torres Díaz. La denuncia, publicada en su cuenta de X, asegura que los hechos ocurrieron la tarde del día anterior, incluso en presencia de miembros de la Policía Nacional.
En videos y fotografías que se hicieron virales, se registraron los individuos que amenazaban a los conductores y les exigían dinero para permitirles continuar su trayecto. “Cientos de personas fuimos retenidos y decenas de conductores extorsionados a escasos metros del peaje”, escribió Torres Díaz, quien además identificó a algunos de los presuntos responsables de esta actividad ilegal.
En su mensaje, Torres aseguró que la situación no fue un hecho aislado, sino una práctica que se viene repitiendo en este tramo de la vía Barranquilla‑Ciénaga. El jurista acompañó su denuncia con imágenes en las que —según su versión— se observarían a varias personas que habrían estado detrás de los cobros ilegales e identificó al presunto jefe de esa banda.
Ver esta publicación en Instagram
Los peajes ilegales
De acuerdo con los testimonios recogidos, grupos de personas bloquean el paso de vehículos y exigen sumas que, en algunos casos, rondan los 30 mil pesos o más por carro para permitirles continuar sin inconvenientes. Estos cobros, que usuarios definieron como “peajes ilegales”, generan retrasos, congestión y tensiones con el tráfico cotidiano en la troncal, que conecta Barranquilla con Santa Marta.
Esta práctica, conocida como «peajes o retenes ilegales», consiste en el cobro forzado a los vehículos que transitan por la Troncal del Caribe y se ha convertido en una modalidad de robo frecuente en la zona. Los viajeros denunciaron que estos retenes generan caos en la movilidad y retrasos, afectando no solo a transportadores, sino también a quienes viajan por razones personales o laborales.
Ante estos hechos, los transportadores y usuarios han exigido respuestas urgentes de las autoridades competentes, incluidas la Policía Nacional y las entidades encargadas de la seguridad vial, para garantizar la libre movilidad y la seguridad de quienes transitan por esta vía.
La situación pone de relieve una vez más la necesidad de reforzar la presencia institucional y combatir con mayor contundencia los mecanismos de extorsión que afectan tanto a la economía como a la tranquilidad de miles de ciudadanos en la región Caribe.
